domingo, 31 de julio de 2016

La colisión de un turismo con un furgón blindado deja un muerto y tres heridos en Antequera

La colisión frontal entre un turismo y un furgón blindado de seguridad en la A-384, que une Campillos con Antequera, ha dejado el pasado viernes un fallecido y tres heridos. El accidente, que tuvo lugar sobre las 11.30 horas, mantuvo cortado  los dos carrriles en ambos sentidos, después de que los tres heridos (ocupantes del vehículo blindado) fueran trasladados a un centro hospitalario. Ante la gravedad que revestía uno de ellos (un varon de 36 años), los servicios sanitarios han movilizado un helicóptero para su rápido traslado al Hospital Clínico de Málaga, según han confirmado desde el servicio de emergencias del 112. Los otros dos heridos, dos hombres de 40 y 45 años, respectivamente, han sido llevados al Hospital Comarcal de Antequera.
En el operativo, también ha sido necesaria la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha desplazado hasta la zona (km. 116) dos dotaciones de Antequera y una de Campillos, tal y como ha confirmado su gerente, Ángel Castilla. Los efectivos han actuado en la excarcelación del ocupante del turismo, que finalmente ha fallecido.

El Constitucional tumba las tasas judiciales de Gallardón

Ha estimado el recurso presentado por el PSOE contra tasas que los magistrados consideran legítimas pero desproporcionadas.
Las tasas judiciales que introdujo Alberto Gallardón como ministro de Justicia son inconstitucionales. El debate se ha prolongado durante casi cuatro años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara una ley por la que personas físicas y jurídicas debían pagar para litigar en determinados escenarios. La normativa chocó desde el minuto uno con profesionales, sindicatos y usuarios que se unieron en la plataforma Justicia para Todos. Previo informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, el actual titular del ministerio –ahora en funciones–, Rafael Catalá, eliminó mediante Real Decreto las tasas judiciales para personas físicas. El Tribunal Constitucional ha hecho este viernes lo propio con respecto a las personas jurídicas.
Una vez más existe unanimidad en el Constitucional. El Pleno ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. La parcialidad se explica porque el PSOE había recurrido contra las tasas en su máxima extensión, pero visto el Real Decreto que eximía del pago del tributo a las personas físicas, se había extinguido esa parte del objeto. El Tribunal anula en concreto cantidades de hasta 1.200 euros por promover recursos en los distintos órdenes. También el artículo 7.2 en la Ley que imponía una cuota al litigante variable según el coste total del procedimiento y que alcanzaba un máximo de 10.000 euros.

Legítima pero desproporcionada
Los magistrados consideran que el establecimiento de las tasas no vulnera per se el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, ni el principio de gratuidad de la Justicia (se entiende que solo afecta a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar). Ahora bien, entienden que la Ley aprobada por Gallardón implantó tasas desproporcionadas que pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales.
El espíritu o fin de la normativa, que el Tribunal Constitucional sí ha declarado legítimo, no estaba lejos de esa premisa. Pero con un importante matiz. Pretendía evitar las situaciones de abuso que generan aquellos que no buscan la tutela de los tribunales sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos; y, a su vez, la financiación mixta de la Justicia. Sin embargo, como sostienen los magistrados, la legitimidad de esa financiación mixta no puede suponer la implantación de cuotas que imposibiliten el acceso a la Justicia.
La medida no es idónea para acabar con los recursos abusivos porque “se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir”, recoge la sentencia. No obstante, añaden los magistrados que el establecimiento de las tasas sí podría ser efectivo para la consecución de la financiación mixta de la Justicia. Es decir, “fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produce un coste para el Estado”.
De acuerdo con este razonamiento, los magistrados analizan el requisito de la proporcionalidad, ausente a su juicio en la Ley de Gallardón. Por último, el Tribunal aclara en virtud del principio de seguridad jurídica que la declaración de la nulidad de las tasas solo tendrá efecto en relación con los procedimientos donde aún no haya recurrido resolución firme. Esta decisión carece de efecto retroactivo dado que la sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas de los procesos ya finalizados.

Despedidos dos vigilantes de seguridad por discutir en horario laboral

Los juzgados de Lo Social 2 y 3 han resuelto como despidos improcedentes los efectuados por una empresa de seguridad hacia dos trabajadores, uno de ellos delegado sindical, por una disputa mantenida en horario de trabajo en el hospital de Santa Lucía, donde desarrollaban su labor tras ser subcontratado el servicio a esta sociedad por parte del Servicio Murciano de Salud.
Fue un incidente mutuo que ha tenido dos procedimientos en diferentes juzgados. En el caso del delegado sindical, su letrado, Ismael Domínguez, indica que se ha recurrido el fallo judicial alegando que en ese “forcejeo, en el que ambos cayeron al suelo, mi cliente siempre estuvo en una actitud defensiva”.

sábado, 30 de julio de 2016

Brasil despide a la empresa de seguridad de los Juegos a una semana de que comiencen

*La empresa será sustituida por detectores de metales y policías activos y retirados. 
*El gobierno había contratado a una empresa desconocida hace apenas unas semanas. 
*El despido se debe a que la empresa, que tenía que desplegar 3.400 efectivos solo consiguió reclutar a quinientos. 
*La semana pasada Brasil arrestó a varios miembros del Estado Islámico que planeaban atentar en los JJ.OO. 
*Brasil es el país con más homicidios en términos absolutos. 
*Río ha sido golpeado por la crisis y el déficit en los presupuestos para seguridad, lo que ha aumentado el crimen en la capital. 
El Gobierno de Brasil decidió este viernes desvincularse de la empresa privada que había contratado para la seguridad de las sedes olímpicas y la ha reemplazado con la policía federal y estatal, a tan solo una semana de que comiencen los Juegos Olímpicos. 
El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, dijo que miembros de la Fuerza Nacional del gobierno federal, junto a policías activos y retirados de Río y otros estados, compondrán el cuerpo de 3.000 agentes para controlar aficionados. También habrá detectores de metales en las sedes olímpicas. 
Hace apenas unas semanas que el Gobierno contrató a la relativamente poco conocida empresa de seguridad Artel para llevar a cabo esa tarea. La compañía desplegaría 3.400 guardias, pero Artel dijo al Gobierno días atrás que solo había reclutado 500. 
"La compañía será multada por su incompetencia e irresponsabilidad (...) pero los Juegos no van a sufrir daño alguno", dijo Moraes. El funcionario añadió que la principal preocupación vinculada a la seguridad son los delitos contra los visitantes. 
Pero el miedo por potenciales ataques terroristas creció después de que Brasil arrestara la semana pasada a varias personas que habrían jurado lealtad al Estado Islámico y supuestamente planeaban llevar a cabo ataques. 
El cambio respecto al personal de seguridad de las sedes no tendrá ningún impacto sobre los 85.000 soldados, policías y otros funcionarios de las fuerzas de seguridad que estarán patrullando las calles de Río en un esfuerzo por mantener la paz durante los Juegos, que se extenderán hasta el 21 de agosto. El número representa el doble que los agentes dispuestos en los anteriores Juegos de Londres 2012. 
En Brasil se registran más homicidios que en cualquier otro país en términos absolutos, según un informe anual de Naciones Unidas, y Río de Janeiro ha sufrido recientemente un incremento del delito en medio de una recesión económica, un aumento del desempleo y del déficit en los presupuestos de seguridad pública.

jueves, 28 de julio de 2016

Aplicación tabla salarial segundo semestre

La tabla salarial del Convenio Nacional para empresas de seguridad, ha sido fraccionada para este 2.016 en dos tramos, de enero a junio (aplicado hasta ahora) y de julio a diciembre (la que entra en vigor).

La tabla salarial que entra en vigor a partir de este mes de julio se encuentra con el aumento de la cuantía que percibimos por el Plus de Vestuario, en cada una de nuestras nominas mensuales (siendo por ejemplo para la categoría de Vigilante de seguridad un incremento de 23,50 euros). Con esto finaliza la devolución de las cantidades del plus de transporte y vestuario, de las pagas extras eliminadas en 2.013. A partir de ahora las pagas aparecerán sin dichos pluses para pasar a su aumento en el pago mensual.

En la tabla se puede observar dos columnas en amarillo donde se refleja dicho aumento.

El  actual convenio colectivo finaliza el 31 de diciembre de 2.016



Baja voluntaria: consecuencias y cómo comunicarla

En ocasiones un trabajador quiere dejar voluntariamente su trabajo, presentando la dimisión.
Veamos cómo tiene que hacerlo, cuáles son sus derechos y obligaciones, y en qué ocasiones el empresario no debe de pedirnos que presentemos una baja voluntaria.

La baja voluntaria o dimisión
En cualquier momento un trabajador puede romper la relación laboral que mantiene con la empresa, sin necesidad de justificar el motivo. Da igual que se haya firmado un contrato indefinido , uno temporal, de prácticas, o de cualquier otro tipo.  Si su deseo es dejar voluntariamente el trabajo, podrá hacerlo comunicándolo a la empresa. Eso si, debe ser una decisión libre del trabajador, no impuesta por el empresario.

En qué casos NO tengo que pedir una baja voluntaria
Es muy importante que el trabajador únicamente presente su dimisión cuando la decisión sea suya. Muchos empresarios presionan a sus trabajadores para que presenten una baja voluntaria diciéndoles que es la manera de hacer las cosas, pero realmente lo único que buscan es “quitarse de en medio” al trabajador sin tener que pagarle la indemnización que le correspondería.
Tampoco hay que pedir la baja voluntaria en estas situaciones:  cuando la empresa cambia sustancialmente el contrato o sus condiciones (horario, jornadas, días de descanso, las funciones), o bien envía al trabajador a otro centro lejos de su domicilio,  no paga al trabajador , se producen malos tratos de la empresa o de compañeros, se producen cambios en el empresario, o sucesiones de una empresa a otra, etc.
Ante estas situaciones el trabajador no tiene que presentar una baja voluntaria. Existen otras formas de demandar a la empresa y romper la relación laboral conservando el derecho a recibir la indemnización  y no perder la posibilidad de pedir el paro.

¿Cómo tengo que presentar la baja voluntaria?
Aunque la ley permite presentar la baja de forma escrita o verbal  y la jurisprudencia ha llegado a admitir las comunicaciones por medios electrónicos, siempre es recomendable hacerlo por escrito, por duplicado, entregando una copia a la empresa y quedándose el trabajador con la otra copia sellada por la empresa. En el caso de que la empresa no quiera sellar la comunicación, el trabajador puede enviarla mediante burofax.
Aquí puede verse un modelo orientativo de comunicación de baja voluntaria (ver documento en word).

El Preaviso
El trabajador tiene que comunicar a la empresa su decisión de causar baja voluntaria con el preaviso que venga indicado en el Convenio Colectivo  o el que se haya pactado en el contrato de trabajo . Si no,  con 15 días, que es el preaviso habitual.  En el caso de que el trabajador no cumpla este preaviso, el empresario puede descontar del finiquito los días que falten del preaviso, o incluso reclamárselos, en el caso de que el descuento sea superior al finiquito.
Hay que estar muy atentos a estos plazos,  ya que en algunos casos no cumplir el preaviso puede implicar un grave perjuicio para el trabajador. Por ejemplo el Convenio Colectivo estatal de enseñanza y formación no reglada prevé un preaviso de 30 días y que el empresario podrá descontar 2 días por cada día que falte de preaviso.

¿Puedo retractarme de la baja voluntaria?
Hasta que no llegue la fecha de la baja voluntaria, es decir, durante el tiempo de preaviso, la relación laboral continúa y el trabajador puede retractarse de la baja voluntaria presentada. Según la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo, la empresa tiene que aceptarlo, salvo que con ello se le cause algún perjuicio (por ejemplo por haber contratado ya a otro trabajador). En el caso de no aceptarlo sin justificación se consideraría un despido improcedente.

La baja voluntaria en el periodo de pruebas
En el caso de estar todavía en el periodo de prueba, el trabajador puede romper el contrato sin justificación alguna y sin tener que dar preaviso alguno. Se tiene que hacer igualmente por escrito preferiblemente, y el trabajador tendrá derecho a la liquidación por los días trabajados. Al igual que la dimisión no se tendrá derecho a ninguna indemnización ni a pedir el paro, al haber dejado voluntariamente el trabajo.

Liquidación e indemnización
El trabajador que presenta una baja voluntaria no tiene derecho a que la empresa le pague ninguna indemnización. La empresa únicamente tendrá que pagar al trabajador el finiquito, pudiéndole descontar parte, como hemos visto, si no se da el preaviso necesario.  Así, el último día de trabajo la empresa tendrá que dar la propuesta de liquidación. En el caso de no estar de acuerdo con la cantidad indicada por la empresa es importante poner en el finiquito “no conforme”, la fecha y por último la firma.
En ocasiones la empresa adeuda algunas cantidades al trabajador que presenta la baja voluntaria. A pesar de haber dejado la empresa voluntariamente se pueden reclamar esas deudas, por ejemplo, por impago de salarios, para lo que es muy importante haber firmado el finiquito como “no conforme”.

¿Qué puede reclamar la empresa al trabajador?
En algunas ocasiones la empresa, además de descontar la falta de preaviso, puede reclamar al trabajador por daños y perjuicios, como por ejemplo cuando se haya incumplido una cláusula de permanencia o cuando así venga indicado en el Convenio Colectivo o en el contrato de trabajo. La empresa tendrá que demostrar estos daños y perjuicios. Normalmente las empresas no hacen este tipo de reclamaciones, pero en algún caso en concreto si podría producirse.

Otras opciones antes de presentar una baja voluntaria
Una opción menos arriesgada para el trabajador que quiere dejar una empresa es pedir una excedencia voluntaria (+ info)  . De esta forma dejará de trabajar para esa empresa, y podrá buscar trabajo en otra. Pero mantendrá la opción de reingreso en la empresa en la cual tiene la excedencia. Normalmente el reingreso es difícil, pero al menos se mantiene dicha opción.

Importante: tras una baja voluntaria no se puede pedir el paro
Después de una baja voluntaria no se está en situación legal de desempleo y por lo tanto, no se puede pedir el paro. Da igual el motivo por el que se pide la baja voluntaria, después de dimitir el trabajador no puede pedir el paro, ni tan siquiera reanudarlo si lo suspendió para ese trabajo.
Explicamos qué deberá hacer el trabajador para poder hacer uso de sus cotizaciones por desempleo en la siguiente guía > pedir el paro tras una baja voluntaria.

Prosegur gana 81 millones hasta junio, el 4,1 % más

 El grupo de seguridad privada Prosegur logró un beneficio neto de 81 millones entre enero y junio, el 4,1 % más que en el primer trimestre de 2015, mientras que sus ventas bajaron el 5,9 %, hasta los 1.837 millones, lastradas por la depreciación de divisas latinoamericanas, ha informado hoy la firma.
Así, a tipos de cambios constantes, las ventas totales suben el 13 %, con incrementos del 36 % en Argentina, del 7,2 % en España y del 4,7 % en Brasil.
Por divisiones, la de Soluciones Integrales de Seguridad facturó 937 millones, el 4 % menos, y la de Logística de Valores 795 millones, con un descenso interanual del 9 %. El negocio de Alarmas creció el 2 %, hasta 106 millones.
El resultado bruto de explotación (ebitda) descendió el 3 % y se situó en 203 millones, también consecuencia del desfavorable tipo de cambio.
En un comunicado, la empresa destaca que mantuvo la mejora de la rentabilidad en sus operaciones gracias a las medidas de protección de márgenes implantadas y a la nueva propuesta comercial donde la influencia de la tecnología tiene un peso mayor.
"La importante mejora de la rentabilidad en el periodo refuerza la tendencia observada a principios de año. Además, los cambios organizativos acometidos por la compañía están dando resultados muy satisfactorios, demostrando que tienen un carácter estructural y son sostenibles en el tiempo", según la misma fuente.
La deuda neta total del grupo se redujo en 38 millones, hasta los 598 millones, gracias a la fuerte generación de caja.

martes, 26 de julio de 2016

Los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos en el derecho penal español

El estudio del delito de atentado es interesante desde el punto de vista de la actuación profesional de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que en muchas intervenciones se podrán plantear situaciones que darán lugar al nacimiento de esta figura delictiva.

El artículo 550 tipifica el delito de atentado al establecer:
“Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
De acuerdo con la tipicidad que se recoge en el artículo reseñado, es suficiente con que se lleve a cabo cualquiera de los actos que contempla el mismo para considerar que hay atentado. El AUTO de 22-10-1997, núm. 2065/1997, Recurso de Casación núm. 1114/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en cuanto a los requisitos para que surja este delito, dice lo siguiente:
“Con respecto al delito de atentado inveterada doctrina jurisprudencial ha establecido cuáles son los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la existencia del delito de atentado: a) Un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave, o resistencia también grave; b) que tal acto vaya dirigido contra un funcionario público o agente de autoridad; c) que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del cargo, y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado «con ocasión de ellas», pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta; d) que exista un «animus» o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de autoridad (STS 12 junio 1995)”.
En el estudio que llevaremos a cabo de la mencionada figura delictiva, una vez que hemos expuesto las bases sobre las que se sustenta el delito en cuestión, vamos a analizar su incidencia en las actuaciones de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es por ello, por lo que, en primer término, es conveniente determinar de una forma más pormenorizada en qué consiste esta figura delictiva.

En qué consiste el delito de atentado.
Es un hecho delictivo que se comete, como señala el artículo 550, contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas, que son los llamados sujetos pasivos del delito, son los que sufren las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Una primera cuestión que abordaremos es en torno a los sujetos pasivos, ya que conviene aclarar qué se entiende por:
Autoridad: la definición la encontramos en el artículo 24 del Código Penal que señala que se reputará autoridad al que, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso , tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las comunidades Autónomas y del Parlamento europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
Funcionario: sigue diciendo el citado precepto en su apartado 2: Se considerará funcionario público todo el que, por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.

Por qué se instaura o tipifica el delito de atentado.
Hay distintas explicaciones al hecho de por qué se tipifica el delito de atentado. La jurisprudencia más representativa del Tribunal Supremo, a través de una serie de sentencias en las que cabe resaltar las de 6 de octubre de 1.982, 14 de febrero de 1.983, 20 de enero de 1.997, dicen que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el principio de autoridad. Es decir se protege, más que a la persona del funcionario policial, a la autoridad que representa. Hay otro sector de la jurisprudencia que opina de manera un tanto diferente a las anteriores sentencias y consideran que lo que se protege a través de la tipificación de este delito no es el principio de autoridad sino el buen funcionamiento del ejercicio de la autoridad.1
Una vez aclarado por qué se tipifica este delito y qué se entiende desde el punto de vista penal por “autoridad y funcionario público”, hay que ver dónde se ubica, dentro de estos últimos conceptos, a los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como es evidente, según el texto del artículo 24, tales miembros de las fuerzas del orden no son autoridad, aunque sí son funcionarios públicos; en concreto son agentes de la autoridad, ya que dependen orgánicamente de una autoridad, y tienen la consideración de funcionarios públicos ya que participan de la función pública.2
En este orden de cosas, se han planteado muchas dudas en relación con los funcionarios de la policía en prácticas y los vigilantes de seguridad privada, dudas que giran en torno a si tienen la condición de funcionarios públicos y agentes de la autoridad. La jurisprudencia se ha encargado de aclarar esta cuestión en el siguiente sentido: cuando el delito de atentado se cometía contra un funcionario en prácticas o contratado, se les equiparaba a los funcionarios públicos y los calificaba como funcionarios de hecho, ya que al fin y al cabo realizaban la misma función que los que tenían la plaza como titulares.

Todo lo que tu DNI dice de ti

Estas son las claves del documento que te indentifica
Es difícil encontrar a alguien que no se sepa de memoria su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta tarjeta de policarbonato repleta de información que nos identifica es uno de los objetos más importantes en nuestro día a día. Se creó hace 72 años, aunque la versión electrónica actual llegó en 2006. A continuación, repasamos los elementos de los que se compone.
Cuenta con las mismas medidas de una tarjeta de crédito (85,60 mm de ancho por 53,98 mm de alto) y con diferentes elementos de seguridad contra su falsificación. Además de autentificar al ciudadano, sirve para poder firmar electrónicamente y en él se encierra la huella dactilar, aunque no se vea a simple vista. 
Entre sus anécdotas, existe una relacionada con la infanta Cristina. Cuando se crearon los primeros DNI, se adjudicaron los números 1 y 2 a Francisco Franco y Carmen Polo. Se reservaron aquellos que van del 10 al 99 a la Familia Real. Así, el número 10 corresponde a don Juan Carlos y el 11 a doña Sofía. Por orden de llegada, la infanta Elena obtuvo el 12 y se saltó el 13, que le correspondía a la infanta Cristina, para otorgarle el 14. De esta forma, se intentaba evitar que el número que la hija mediana de los entonces reyes trajera mala suerte a la Familia Real.
Aunque esta versión electrónica llegara hace una década, todavía convive con la versión antigua del DNI, ya que los mayores de 70 años no tienen obligación de renovarlo. Además, en algunas partes de España no se comenzó a expedir el DNI electrónico hasta finales de 2008.

Parte frontal
Microchip. Cuenta con una capacidad de 32 K, en los que se guarda esta información: Datos de filiación del ciudadano (los mismos que están impresos en el soporte físico del DNI), una imagen de la fotografía, una imagen de la firma manuscrita y otra de la huella dactilar.
Imagen láser cambiante (CLI). Situada debajo del chip, incluye a primera vista nuestras iniciales en orden de primer apellido, segundo apellido y nombre (el primero en caso de ser compuesto). En la parte del fondo, aparece la fecha de expedición del documento, que necesitamos para tramitar visados o documentos de entrada a países en aeropuertos.
Número de DNI + letra de identificación fiscal. Existe la leyenda urbana que asegura que nuestro número de DNI puede ir a parar a otra persona una vez que hayamos fallecido. Pero es falso. Nuestro número identificativo nos acompaña más allá de la muerte. El Decreto 1553/2005, del 23 de diciembre, establece que es un documento personal e intransferible que no se reasigna bajo ningún concepto, explica Policía Nacional a Verne.
La letra final que aparece en él "para verificar que el número que se introduce es el que se quiere consignar" y corresponde al número de identificación fiscal. ¿Por qué me ha tocado la letra B, la G o la W? A través de este enlace, se explica cómo se asigna el dígito de control a cada persona.
Número de serie del soporte. Bajo la información básica (nombre y apellidos, sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento) aparece este código alfanumérico de 9 dígitos. Son dos letras iniciales y 7 números que, en realidad, identifican a la tarjeta física y no a la persona. Por eso, cuando se renueve el DNI, este número cambiará.
Kinegrama. Desarrollado por la compañía suiza Kinegram, solo se usa en documentos de alta seguridad, como billetes bancarios y documentos de identidad. Es similar a un holograma solo que, en cambio, la imagen que aparece no es tridimensional.
Relieves y tintas ópticamente variables. A lo largo de toda la superficie pueden encontrarse estas medidas de seguridad físicas que permiten detectar una falsificación.
Tintas Ultravioletas (UV) e Infrarrojas (IR). No perceptibles a simple vista, solo con lectores especiales. La Policía no da detalles sobre ellas para evitar falsificaciones.

Parte posterior
Equipo de expedición. Es un código alfanumérico de 9 cifras que identifica a la oficina de Policía donde se emitió el documento. Por tanto, es variable, ya que puede cambiar cuando renovemos el DNI si acudimos a una oficina diferente de la de la vez anterior.
Caracteres OCR-B de lectura automática. Ese bloque de letras y signos situado en tres filas en la parte superior. Es la zona creada para ser leída por máquinas, en concreto por cualquier lector de OCR de cualquier país, explica Policía Nacional.

Línea 1
Caracteres 1 y 2: Tipo de documento del que se trata. Por lo general es ID, al tratarse de nuestra identificación.
Caracteres del 3 al 5: País emisor del documento. En el caso de ser España, ESP.
Caracteres del 6 al 14: El número de serie del soporte físico de la tarjeta, compuesto de 9 caracteres alfanuméricos. Es el mismo que aparece en la portada.
Carácter 15: Primer dígito de control, correspondiente al número de serie. Se calcula con un algoritmo.
Caracteres del 16 al 24: El número de DNI, letra incluida.
Caracteres del 15 al 30: caracteres de relleno, representados con separadores (<).

Línea 2
Existe una leyenda que asegura que el último dígito de la segunda línea del código que aparece en la parte posterior del documento (en este ejemplo el número 8) indica el número de personas que tienen el mismo nombre y apellidos que el portador. Es falsa.
Caracteres de 1 al 6: Fecha de nacimiento en formato AA/MM/DD (Año, mes, día).
Carácter 7: Segundo dígito de control, relacionado con la fecha de nacimiento. Se calcula con el mismo algoritmo que en la línea anterior.
Carácter 8: El sexo del titular. M (masculino) o F (femenino).
Caracteres del 9 al 14: Fecha de caducidad del documento.
Carácter 15: Tercer dígito de control, relacionado con la fecha de caducidad del documento y que sigue el mismo algoritmo que los dígitos anteriores.
Caracteres de 16 al 18: La nacionalidad del titular, representada en un código de tres letras.
Caracteres del 19 al 29: Caracteres de relleno, representados con separadores (<).
Carácter 30: Cuarto dígito de control, relacionado con siete cifras previas: el número de serie y su dígito de control, el número de DNI, la fecha de nacimiento y su dígito de control, la fecha de caducidad y su dígito de control.

Línea 3
No tiene mucho misterio. Muestra en mayúsculas el primer apellido, el segundo apellido y el nombre del titular separados por los caracteres de relleno (<).

Novedades en la versión 3.0
En la nueva versión del DNI electrónico, presentado a principios del 2015, se presentan algunos cambios en cuanto a la distribución de los elementos que componen la tarjeta identificativa.
En la parte delantera, la fotografía pasa del margen derecho al izquierdo y se presenta más grande, al igual que el kinegrama. La imagen láser cambiante pasa del lado izquierdo al derecho.
En la parte posterior se incluyen los mismos componentes que en la versión anterior y se le añaden el chip electrónico, con mayor capacidad, y un elemento de seguridad: una imagen láser cambiante como la que aparece en el frontal.

Aucal impartirá la primera edición del Curso de Detective Privado, reconocido por el Ministerio de Interior


El Diploma de Extensión de Detective Privado es un título válido para el desarrollo de las funciones de detective privado y da acceso a la obtención de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) por parte del Ministerio del Interior, inmediatamente al terminar el curso, y cumpliendo los requisitos que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana solicita.
El alumno que estudie este diploma  será capaz de tener habilidades de investigación en diversas áreas, como en el ámbito laboral, desarrollo de peritaciones caligráficas, análisis comerciales, investigaciones familiares, laborales o económicas, etc. Como también realizar asesoramiento en asuntos de defensa jurídica, directamente en los despachos de abogados.
En caso de tener interés por desarrollar la carrera profesional en el área de la Seguridad Privada, un sector con amplias posibilidades de trabajo, colaborando con distintas entidades en contra del crimen, estafas, engaños u otras acciones donde se necesiten pruebas concretas, Aucal recomienda este completo curso en modalidad online. El título también cuenta con algunas actividades voluntarias presenciales de carácter educativo, de enorme interés para el alumnado.


Para solicitar información directa sin ningún compromiso: http://www.aucal.edu/informacion/curso-detective-privado

Aucal Business School es la escuela de negocios de Fundación Aucal, nacida en 1999, en la que trabajan mano a mano directivos, empresarios y profesionales de variados sectores con un amplia experiencia profesional y docente, siendo una de las primeras escuelas en España en implantar la formación on line en su metodología docente. Con más de 35.000 antiguos alumnos, Aucal es un centro de referencia para empresas y profesionales.

jueves, 21 de julio de 2016

Detenido en Jaén por agredir a dos vigilantes de seguridad de un centro comercial

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que agredió a dos vigilantes de seguridad en un centro comercial de la ciudad. Los vigilantes habían observado, mediante el sistema de vídeo vigilancia, cómo el detenido sustraía un teléfono móvil. Al ser interceptado, este respondió de forma violenta lanzando puñetazos y patadas antes de ser reducido por una patrulla policial.
Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 del día de ayer en unos grandes almacenes donde los vigilantes de seguridad prestan su servicio, cuando observaron a través del sistema de vídeo vigilancia que una persona se apoderaba de un teléfono móvil valorado en más de 800 euros, lo extraía de su caja y lo introducía entre sus pertenencias. Posteriormente, realizó una compra de una funda de telefonía móvil, utilizando la bolsa oficial del establecimiento, con el fin de poder sacar lo sustraído sin levantar sospechas. Los vigilantes procedieron a la interceptación del presunto autor, le solicitaron que les acompañara hasta un lugar habilitado al efecto con el fin de proceder a su identificación y cacheo a la espera de la presencia policial. Durante el traslado, el arrestado arremetió contra los vigilantes de forma súbita y muy violenta, propinando diversas patadas, empujones y puñetazos con el fin de darse a la fuga, dañando e inutilizando la uniformidad de los vigilantes.

Al ser asistido en un centro sanitario fingió mareos
Personada una patrulla policial, procedieron a la reducción y cacheo del presunto autor, encontrando entre sus pertenencias el teléfono móvil sustraído que quedó inutilizado, siendo detenido y trasladado a dependencias policiales. Una vez en ellas, el arrestado solicitó a los funcionarios policiales recibir asistencia médica, siendo trasladado hasta un centro sanitario, donde, según manifestaciones del médico de urgencias, había fingido un mareo, comportándose de manera violenta y chulesca con el personal facultativo que lo atendía.

Los robos se realizan en hogares unifamiliares y en fin de semana, según Prosegur Alarmas

La mayoría de los robos se producen los fines de semana de madrugada y en viviendas unifamiliares, según el informe que ha presentado la empresa de seguridad Prosegur Alarmas y que ha elaborado su Central Receptora de Alarmas en el que se hace balance de los robos acaecidos en los seis primeros meses del año.
Así, la principal conclusión que se extrae de los datos hace referencia a que más del 30% de los robos que se producen tienen lugar durante los fines de semana, especialmente el sábado (15,21%), y las horas más críticas son la noche, concretamente entre la 02:00 horas y las 04:00 horas de la madrugada, periodo en el que se producen el 23,53% de los robos.
 Del mismo modo, los ladrones fijan su objetivo prioritariamente en las viviendas unifamiliares, en los que producen un 73% de los robos que se llevan a cabo en España y esta cifra es un 43% superior 
en relación a los robos que se realizan en pisos. Aunque el porcentaje es mayor en las casas unifamiliares, en los edificios se produce el 27% de los hurtos, según se recogen los datos de la compañía de seguridad.
   Por otro lado, los negocios que sufren más percances en verano son: en primer lugar en gasolineras y hoteles es donde más robos se llevan a cabo con un 18,2%; los bares y restaurantes son los segundos más atacados (9,8%). Además, se observa una tendencia por parte de los delincuentes en la preferencia por los robos de objetos pequeños y de alto valor económico, lo que sitúa a locales comerciales como tiendas de telefonía móvil, farmacias u ópticas, entre otros, como objetivos para los ladrones.
 En cuento a la situación geográfica, las provincias con menor número de incidencias son Palencia (0,5%) y Zamora (0,7%), mientras que las que registran más robos son Lleida,  con una subida del 7,4%, Almería (5,9%) y Huelva (5,7%), como han reflejado los datos del análisis. 
Asimismo, la compañía ha elaborado unos consejos entre los que se encuentra la necesidad de mantener un adecuado nivel de discreción, especialmente en las redes sociales, en relación a cualquier tipo de información relacionada con el disfrute de las vacaciones.
También ha destacado la "necesidad de contar con alguna persona de confianza" que pueda recoger el correo acumulado en el buzón, así como la revisión de la fachada o entrada al domicilio en busca de cualquier tipo de "símbolo o señal extraña" que suponga una clave para los delincuentes. Por último, ha recordado que, aquellas personas que cuenten con este tipo de dispositivos, conecten la alarma al salir de casa.

lunes, 18 de julio de 2016

Una falsa amenaza de bomba obliga a desalojar la estación de Sants durante una hora


Una maleta abandonada en el andén procedente de un tren de París ha provocado la alerta
El personal de la estación achaca el incidente a un fallo de seguridad en origen
La estación de Sants ha sido desalojada durante la noche del domingo por una posible amenaza de bomba, que finalmente ha resultado ser una falsa alarma. La seguridad privada de la estación y los Mossos d’Esquadra han dado orden de desalojo al haber detectado una maleta sospechosa en un tren de recorrido internacional, que ha sido inspeccionada por los artificieros del Tedax. El recinto ha sido acordonado y la circulación de trenes ha sido suspendida durante aproximadamente una hora.
Las fuerzas de seguridad han realizado diversas comprobaciones, que una vez finalizadas,han dado como resultado la confirmación de una falsa alarma. La estación ha ido retomando poco a poco su actividad. Se trata del protocolo a seguir dado el estado de alarma -actualmente en nivel 4- que rige tras la oleada de atentados en Francia.
Descartada la amenaza, los usuarios han vuelto a ocupar el recinto de la estación, donde el servicio de Rodalies funciona con normalidad.
La maleta que ha originado la alarma formaba parte del equipaje de un tren procedente de París, y se ha hallado abandonada en el andén, lo que ha despertado las sospechas del personal del recinto, que achaca el incidente a un fallo de seguridad en origen (Francia).

Policía Nacional alerta sobre las posibles marcas en las puertas que dejan los cacos en verano


La Policía Nacional ha difundido una serie de recomendaciones para prevenir robos durante la segunda quincena de la fase estival, al tiempo que invita al ciudadano a cumplir con unos sencillos consejos de seguridad para disminuir este tipo de delitos.
La Policía recuerda a los ciudadanos que grupos organizados itinerantes aprovechan estos días en los que las viviendas están vacías para desvalijarlas. Uno de sus 'modus operandis' o forma de actuar, antes de perpetrar el robo, es señalar la vivienda con un objeto, tipo pestaña, introducida entre la puerta y el marco de la misma.
Entre los consejos de la Policía, comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas, tanto exteriores como de patios interiores; no bajar totalmente las persianas para no exteriorizar su ausencia; no dejar dinero ni objetos de valor en el domicilio; no divulgar su ausencia ni en la redes sociales; e intentar que alguien de confianza recoja el correo del buzón.
En caso de encontrar la puerta del domicilio forzado o abierta, se recomienda no entrar al interior de la vivienda para no alterar posibles huellas y avisar inmediatamente a la policía '091' para que le presten ayuda de inmediato.
Igualmente, se aconseja instalar algún temporizador que le encienda las luces del domicilio de manera intermitente; hacer una relación detallada cámaras, videos y otros aparatos electrónicos, con sus números de serie, modelo y marca para facilitar su identificación así como fotografía de las joyas y sus inscripciones; y no abrir la puerta a ningún desconocido cuando suene el portero automático.
Para aquellas personas que se quedan en sus domicilios, sabiendo que muchos de sus vecinos están disfrutando del periodo vacacional, presten especial atención si observan extraños en las inmediaciones del edificio, portal o rellano de escalera.

Prosegur la encargada de la seguridad de la delegación en Río de Janeiro


La delegación olímpica española contratará por primera vez en unos Juegos un cuerpo de seguridad privada para evitar cualquier contratiempo durante su estancia en Río de Janeiro.
Distintos agentes de la empresa española Prosegur, con filial en Brasil, reforzarán las 24 horas del día la protección de los españoles en los cuatro hoteles por los que estará repartida la expedición, y desplegarán un dispositivo especial en la Casa de España, que estará ubicada en una zona próxima al Jardín Botánico de Río, al norte de la ciudad y que pretende ser el punto de encuentro de personalidades.
No se incorporarán más efectivos en torno al equipo olímpico que pernoctará en la Villa, pues ya estará lo suficientemente protegido por el dispositivo especial de seguridad, en el que se contará con 85.000 efectivos.
Hasta la fecha, las expediciones españolas no habían tenido nunca protección especial, salvo los agentes de la Casa Real de incógnito, que acudieron en las ediciones de Seúl 1988, Barcelona1992, Atlanta'96 y Sidney 2000, por la presencia de la Infanta Elena, el actual Rey Felipe VI e Iñaki Urdangarín y que eran parte de la Guardia Real.
El refuerzo en la seguridad se debe principalmente al temor a la delincuencia urbana más que a posibles ataques relacionados con la espiral de terrorismo yihadista que vive el planeta en esta era.

viernes, 15 de julio de 2016

La Junta da un mes de plazo para optar a la seguridad del Museo de la Aduana

Hace meses que los plazos van muy ajustados para que la Junta de Andalucía cumpla su promesa de reabrir el Museo de la Aduana este mismo año. Es más, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, apretó aún más el calendario al deslizar hace varias semanas que la vuelta del museo -cuyas colecciones llevan dos décadas almacenadas- no sería en diciembre, sino antes. Y a ese ritmo deben adaptarse las empresas que quieran prestar sus servicios en el Museo de Málaga.
Tanto es así, que el concurso para gestionar la seguridad del museo apenas deja un mes de plazo a las empresas que quieran presentarse. Eso, si las compañías estuvieron atentas al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado el pasado 20 de junio y modificado ocho días después. Si los buscadores de las empresas se centran en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el reloj empezó a contar a partir de ayer, cuando se publicó el anuncio de la licitación que deja el plazo abierto hasta el próximo día 26.
De este modo, la Junta pone en macha el mecanismo para adjudicar la seguridad en el museo después de subrogarse el contrato que mantenía el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte para la prestación de este servicio. Tal y como aparece en el anuncio publicado primero en el BOJA y ayer en el BOE, el concurso tiene un plazo de ejecución de 24 meses y el presupuesto base de licitación es de 476.982,00 euros. Los interesados tienen hasta las 14.00 horas del próximo día 26 para presentar sus propuestas al concurso para la seguridad del palacio de la Aduana.
El anuncio advierte del carácter «urgente» de la tramitación de un concurso imprescindible para la puesta en marcha del Museo de Málaga, cuyo esperado regreso a la escena cultural se ha fijado por parte de la Junta de Andalucía para este mismo año.
Una reforma de calado
Justo el Ejecutivo andaluz recibió el inmueble de Cortina del Muelle el pasado 5 de mayo por parte de la Administración central del Estado, que ha invertido en torno a 40 millones de euros en la recuperación del edificio. Las obras se han prolongado durante más de siete años y justo aquel 5 de mayo pudo comprobarse que buena parte de las colecciones del museo provincial ya están colocadas para su exposición.
Unos fondos que superan los 2.00 títulos en la sección de Bellas Artes y las 15.000 referencias en el apartado dedicado a las piezas arqueológicas.


Fuente: ENLACE

La seguridad privada vuelve a crecer tras siete años de caídas

La empleabilidad en el sector se incrementa un 3,45

Incipiente recuperación en el sector de la seguridad privada. Según los datos difundidos hoy por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, Aproser, este mercado experimentó durante 2015 un crecimiento del 2,87% hasta facturar 3.841 millones de euros. 
Una cifra que desde la patronal califican de “poco optimista” como consecuencia de la bajada de su cifra de negocio durante la crisis económica del 25%. “Este sector es de los que más tardíamente nota la recuperación”, argumenta Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, quien reconoce que la evolución económica del sector de la seguridad “siempre va” un eslabón por detrás del PIB. Desde la asociación achacan el resultado obtenido a la incertidumbre política que se vive en España así como el desconcierto en el resto de países europeos. En concreto, han reseñado la salida de Reino Unido. "Los 17.000 millones que aportaba este país no van a estar", argumenta Eduardo Cobas.  
En este sentido, Ángel Córdoba, presidente de la patronal, ha resaltado las cifras obtenidas en el área de la vigilancia, que representa dos tercios de este negocio y que ha conseguido alcanzar los 2.159 millones, un 1,79% más con respecto al año anterior, “muy por debajo de la senda de crecimiento del país”. 
En línea con estos datos de crecimiento se encuentra el número de profesionales del sector, que se anotó en 2015 una subida del 3,4% hasta los 78.200 vigilantes en activo con contratos indefinidos, en su mayoría. “Nuestro sector tiene una gran capacidad de creación de empleo”, remarca Córdoba. 
Por su parte, el mercado de los sistemas y alarmas es la matriz de este sector que más sube dentro de la seguridad privada con una subida del 5,45% hasta los 1.026 y deja en tercer lugar al transporte de fondos, que pese a avanzar un 2,23% en facturación en 2015, recauda 296 millones. 
Por origen de negocio, el sector de la industria se sitúa como uno de los principales clientes de este servicio con una cuota del 17,90%, ligeramente superior al 17% de las Administraciones Públicas. Le siguen las entidades financieras con un 12,55% e infraestructuras de transporte con un 13,84% de la demanda total.  

La atomización de las compañías de seguridad constituye otro de los hechos en los que han incidido en la primera presentación que se lleva a cabo de este estudio. Un 82,4% de las empresas que contratan servicios de seguridad cuenta con menos de 50 trabajadores. "España es un modelo para la seguridad en el conjunto del mundo", remarca Cobas.  
Con respecto a 2016, Aproser prevé que la vigilancia alcance un 2,75% más de facturación, en un sector en el que la competencia desleal, la escasa rentabilidad y los bajos precios de licitación constituyen las principales amenazas.  


Fuente: 

Aproser presenta el balance económico 2015 del sector

Las empresas de vigilancia facturan un 1,79% más en 2015, significativamente inferior al del crecimiento de la economía española


APROSER, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, ha presentado esta mañana el balance económico 2015 del sector de la seguridad privada, así como las previsiones de negocio para 2016. 
Durante el pasado ejercicio, esta industria facturó en España 3.481 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,87% en términos interanuales. Con respecto a las distintas áreas, la de Vigilancia, que representa cerca de dos tercios de la facturación total del sector, ha experimentado un aumento del 1,79%, la de Sistemas y Alarmas un 5,45% y la de Transporte de Fondos un 2,23%.
 
En cuanto a la procedencia del negocio, no se han producido variaciones significativas en comparación con ejercicios anteriores. Así, el sector público supone un 17% frente al 83% del sector privado. Las previsiones de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las cifras de 2015 en el segmento de vigilancia, si bien las diversas incertidumbres del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en las cifras finales. Por otra parte, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con 2014. 
El número total de empresas dedicadas a las diversas áreas de actividad de seguridad privada se mantiene estable. En la actualidad, la industria cuenta con un total de 1.534 empresas, de las cuales un 82% tiene menos de 50 trabajadores. Cabe destacar que las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad están asociadas a APROSER. En referencia al número de vigilantes de seguridad en activo, el sector cuenta con 78.200 profesionales, un 3,4% más con respecto al año anterior, lo que contrasta con el incremento de la facturación de vigilancia. La modalidad de contratación es mayoritariamente de carácter indefinido, con un 82%, lo que refleja la apuesta que hace el sector por generar empleo estable. 
Niveles de formación 
El nivel de formación que predomina es la FP y Bachillerato con un 47%, seguido de la enseñanza obligatoria con un 45%. Licenciados y diplomados suponen un 4% en cada caso. La edad media del personal de seguridad es de 44 años. APROSER defiende que el uso de buenas prácticas en el sector es primordial para que así las empresas que presten este tipo de servicios cumplan de forma responsable y estricta la normativa específica que se aplica al sector, así como la laboral y la fiscal general.
Para garantizarlo, Aproser cuenta con una certificación técnica propia auditada por Aenor, “sistema de gestión profesional y deontológico de los servicios de seguridad”, que tienen que cumplir todos sus asociados o los que quieran serlo. Con ello, se ofrece un elemento adicional de garantía y calidad a los usuarios. 
Principales competencias 

Entre los retos durante la presentación del informe económico 2015, Ángel Córdoba, presidente de Aproser, ha señalado además los retos más inminentes del sector de la seguridad privada, entre los que se encuentran la generación de empleo de calidad, destacando la importancia de reformular parcialmente el Estatuto de Trabajadores modificando la normativa actual relativa a los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. En este sentido, también ha hecho hincapié en incidir en la implicación de la Administración con dos medidas urgentes. 
Por una parte, dotar al sector de una seguridad jurídicaque potencie las decisiones de inversión en el mismo, especialmente mediante una rápida entrada en vigor del reglamento de acompañamiento de la nueva ley. 
Por otra, el tratamiento de su propia responsabilidad subsidiaria derivada de la contratación de empresas que no resulten respetuosas con sus obligaciones laborales y tributarias. Además, se hace necesaria la trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública, en especial en lo referido a la “exigencia de la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en los procesos de licitación, y que éstos tengan también en cuenta criterios cualitativos, incorporando cláusulas sociales y no valorando exclusivamente el precio ofertado”, ha explicado Córdoba. 
¿Qué es Aproser? 
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad fue fundada en 1977. Agrupa a compañías de seguridad privada que representan más del 70% de los servicios de seguridad privada que se prestan en España y un porcentaje análogo de los profesionales del sector. Su actuación se centra en la defensa del sector y de sus asociados, en particular, en los ámbitos de la vigilancia y transporte de fondos.
La pertenencia a la asociación está ligada a la certificación por parte de Aenor del “sistema de gestión profesional y deontológico de los servicios de seguridad”, lo que constituye un elemento adicional de garantía a los usuarios. De esta forma, se garantiza la observancia permanente de un cumplimiento responsable y estricto de la normativa específica que se aplica al sector y de la laboral y la fiscal general. 

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CCOO condena la agresión a una vigilante de seguridad en la estación de autobuses de Oviedo

CCOO de Construcción y Servicios de Asturias denuncia la situación de inseguridad que vive el colectivo de los trabajadores de la seguridad privada a la hora de realizar su servicio en entornos y situaciones que favorecen la conflictividad.

CCOO de Construcción y Servicios ha declarado "Desde nuestra Organización y ante los hechos ocurridos en la madrugada de ayer domingo en la Estación de autobuses de Oviedo donde una vigilante de seguridad fue brutalmente agredida en el ejercicio de sus funciones en el puesto de trabajo, exigimos que se adopten las medidas necesarias y urgentes para que este tipo de sucesos no vuelvan a producirse". 
"No puede seguir permitiéndose bajo ningún concepto que se estén realizando servicios bajo mínimos recursos humanos y dotación". 
"Esta constante, está generando un estado de permanente vulnerabilidad donde solamente hay un/una vigilante como es el caso de la estación de autobuses, situación que no garantiza las condiciones de seguridad del recinto en el que desarrolla su trabajo e incluso como en este caso produciéndose hechos que atentan contra su propia integridad física" han resaltado desde la Federación Regional . "La vigilancia de la seguridad de la estación de autobuses de Oviedo se podría calificar como un servicio de relativa conflictividad, ya que sobre todo en temporadas de verano con el aumento de viajeros multiplica actividad. No así la del servicio de seguridad que se mantiene estable durante todo el año, con presencia las 24 horas pero de un solo vigilante lo que da una idea de la precariedad en la que se

ejecuta dicho servicio. Lo mismo está ocurriendo en festivos y fines de semana donde no se refuerza el servicio y esto está dando lugar a frecuentes hechos vandálicos tanto en el entorno de la estación como en los propios autobuses". 


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Desde la Agrupación de Seguridad Privada condenamos los atentados de Francia en Niza.



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Desde la Agrupación de Seguridad Privada de CCOO de Construcción y servicios de Granada, condenamos enérgicamente el atentado terrorista sufrido anoche en el puerto sureño de Niza, en el cual murieron al menos 84 personas y más de 120 resultaron heridas. 


Para la Agrupación de Seguridad Privada de CCOO.CS. Granada, estos atentados son un ataque a la democracia y a los derechos humanos por lo que expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares

jueves, 14 de julio de 2016

Las reuniones son tiempo de trabajo, ¿o no?

 por

Como en otras facetas de la vida, en la profesional hay situaciones que, en ocasiones, damos por supuesto que son de una determinada manera o que tan siquiera nos planteamos cómo deberían ser; hasta que llega alguien y nos hace recapacitar realmente sobre una determinada situación.
 
El caso que me ha llevado a la reflexión anterior: solemos dar por hecho que nos reunimos en horas de trabajo (principalmente los que trabajamos en oficina) y que, por tanto, el tiempo dedicado a reuniones, tanto internas (de coordinación, etc.) como externas (con clientes, proveedores u otros), son tiempo de trabajo a todos los efectos. Pero, ¿qué consideración le damos a las reuniones cuando se convocan a una determinada hora o fecha en la que todos o parte de los empleados convocados no están en horario laboral? Pensemos por ejemplo en las reuniones de coordinación que se celebran en departamentos o empresas en que se trabaja a turnos alternos (mañana y tarde) o rotatorios (mañana, tarde y noche).
 
Con lo expuesto, de inicio me parece oportuno refrescar la definición sobre “tiempo de trabajo” que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Éste ha de computarse “de modo que, tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo” (Art. 34.5 del Estatuto de los Trabajadores). Es decir, se trata de una definición que incluye únicamente un criterio de localización o de disponibilidad para delimitar el tiempo de trabajo, pero que deja de lado referencia alguna a las actividades que se realicen, o a aquellos períodos en los que sin estar realizando una prestación efectiva se está a disposición de la empresa y, por tanto, el trabajador está imposibilitado para realizar otra actividad.
 
Más reveladora es la definición que da la normativa comunitaria sobre “tiempo de trabajo”, considerando como tal “el período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones” (Art. 2 de la Directiva 20133/88 CE). Con esta definición, desde mi punto de vista, y a los efectos de determinar si las reuniones de trabajo son tiempo de trabajo, parece que las mismas deberían tener esa consideración, si se celebran fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en el momento en que el trabajador “permanezca en el trabajo [o fuera de él, añadiría yo] a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones”.
 
Pero sigamos analizando. En el entorno laboral hay distintos tipos de reuniones (las clasificaciones son muy diversas: en función de los asistentes, del objeto, del objetivo, de la participación…), pero yo me voy a referir a las reuniones de asistencia obligatoria (la empresa exige la asistencia de los convocados), de asistencia voluntaria (la empresa invita a que el trabajador acuda voluntariamente a la convocatoria, sin represalia ni consecuencias negativas en caso de no acudir) y aquéllas que programan los propios trabajadores (como pueden ser las reuniones asamblearias).
 
Pues bien, según entiendo yo el asunto, y con las definiciones anteriores en la mano, únicamente deberían computar como tiempo de trabajo, con independencia de que estemos en horario laboral o no, las reuniones señaladas por la empresa y anunciadas como de asistencia obligatoria.
 
Sirva como ejemplo para ratificar mi tesis lo regulado en el Art. 19.4 ET, el cual dispone que “el empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata (…)”. Si bien, la actividad de formación preventiva no es propiamente tiempo de trabajo, es considerada como tal desde el momento en que constituye una obligación del trabajador y cuyo incumplimiento se considera sancionable laboralmente (Art. 29.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
 
Aunque no se trata de una reunión, el ejemplo anterior es un tiempo que el trabajador ha de estar obligatoriamente en presencia de la persona designada por el empresario para recibir formación y, por tanto, se considera tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.
 
Finalmente, (permitirme la expresión) como la cabra siempre tira al monte, he buscado jurisprudencia sobre la forma en que interpretan los tribunales el tiempo de reuniones a efectos de cómputo de jornada, y he encontrado una interesante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de octubre de 1992 (disculpad que no la vincule, no se encuentra en la base de datos del poder judicial), la cual en extracto entiende, en su Fundamento de Derecho 3º, que “La asistencia a reuniones de trabajo fuera de la jornada diaria, o en fin de semana, debe tener la consideración de horas extraordinarias pues el trabajador realiza una actividad efectiva por encargo de la empresa y por él aceptada, lo que encaja en el concepto del art. 35-1 E.T.
 
Con este razonamiento, parece claro que, más allá de su consideración como horas extraordinarias a efectos retributivos, podemos entender que una reunión señalada como obligatoria por la empresa fuera del horario de trabajo es tiempo efectivo de trabajo y, en tal sentido, ha de computar como jornada de trabajo realizada. Sobre todo cuando se trata de reuniones que no se pueden celebrar en horario de trabajo de todos los convocados, ya que de otro modo también cabría la posibilidad de que alguno de los citados se negara a acudir.
Por supuesto, dejo abierto el debate y la posibilidad de réplicas y comentarios. 
 
Feliz semana y buenas prácticas laborales.