viernes, 28 de octubre de 2016

Detenidos dos porteros de la Mae West y un joven hospitalizado por una paliza

Un dispositivo sanitario trasladó al muchacho con heridas graves al hospital del PTS, donde quedó ingresado en el área de Observación


La Policía Local de Granada detuvo a dos porteros de la discoteca Mae West la pasada madrugada del día 24 después de presuntamente propinar una paliza a dos jóvenes, ambos hermanos. Una de las dos víctimas sufrió heridas muy graves, según ha informado la Policía Local, y quedó ingresada en el hospital. Fueron varios particulares, allí presentes cuando sucedieron los hechos, quienes comunicaron con la Policía Local para avisar de lo sucedido. Cuando los agentes llegaron, se encontraron a un joven con heridas leves y al otro en estado grave después de la brutal paliza recibida.

La madrugada del sábado 23 de octubre sí hubo otra trifulca en las puertas de la discoteca Campus en la plaza de la Gracia, aunque se saldó sin detenidos.

Aunque no resulta demasiado habitual, el juzgado de Instrucción 6 de Granada condenó en 2014 a dos porteros de una discoteca de la capital al pago de una multa de 240 euros por una falta de lesiones contra un cliente, unos hechos que con la actual Ley de Seguridad Privada constituirían una infracción muy grave con multa de entre 20.001 y 100.000 euros.

 Los hechos ocurrieron antes de la aprobación de la nueva ley.


La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), pide que sean trabajadores del sector de seguridad privada los que pongan orden en las largas filas, del paso fronterizo de Barrio Chino (Melilla).



La actuación para adecuar y mejorar los alrededores del paso fronterizo de Barrio Chino, anunciada el pasado lunes por el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, tuvo ayer sus primeras reacciones.
Un sector de importante presencia en este lugar, los empresarios de la frontera aglutinados en la asociación Acsemel, se mostró esperanzado de lo que esta reforma pueda traer al negocio fronterizo en cuanto a agilidad y fluidez del tránsito.
El presidente de esta organización, Abdeselam Mohamed, se mostró, en declaraciones a El Faro, contento de que en noviembre, según los cálculos de la Ciudad Autónoma, vayan a arrancar los trabajos para mejorar el estado de este puesto fronterizo. “Es una zona que estaba en muy mal estado: era imprescindible actuar”, comentó a este diario el representante de estos empresarios.
Mohamed considera, asimismo, que se trata de una reforma muy necesaria no sólo para comerciantes y trabajadores, sino también para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones en este paso.
Precisamente la principal entidad en el seno de la Benemérita, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), insistió en una postura que lleva tiempo defendiendo: los agentes de este Cuerpo no deben seguir desempeñando labores que, a su juicio, no les corresponden.
Se refieren desde la organización a ordenar a los porteadores en colas. AUGC pone sobre la mesa el hecho de que los efectivos del Instituto Armado sólo deberían encargarse de fiscalizar la mercancía, mientras que pide que sean trabajadores del sector de seguridad privada los que pongan orden en las largas filas.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) incide en su postura de cerrar el paso de Barrio Chino al conocido como comercio atípico, alegando motivos de seguridad para los agentes y los trabajadores que cruzan la frontera con mercancía.
El aval de los comerciantes puede ahora servir de impulso para que los trabajos en esta zona sirvan para poner fin a una situación que, hasta el momento, generaba posturas enfrentadas entre empresarios del sector, asociaciones de la Benemérita y autoridades melillenses.


Piden dos años de cárcel para 3 vigilantes del Aeropuerto por golpear a un indigente



Piden dos años de cárcel para 3 vigilantes del Aeropuerto por golpear a un indigente
La Fiscalía pide dos años de cárcel para tres vigilantes de seguridad privada del Aeropuerto de Barcelona por presuntamente haber dado una paliza a un indigente ebrio con el que mantenían una mala relación. Según el escrito Fiscal consultado por Europa Press, los vigilantes de seguridad que habían mantenido enfrentamientos con el 'sin techo' --habitual del aeropuerto-- "guiados por el odio y la animadversión y actuando de forma absolutamente gratuita" le hicieron salir de la T2, donde le redujeron y le propinaron golpes.
"Una vez reducido y sin posibilidad de reaccionar ni defenderse y de manera desproporcionada le propinó al menos dos patadas, impactando una de ellas en la cabeza", relata el texto sobre uno de los acusados.
La fiscalía les imputa un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones con la circunstancia agravante de alevosía.
Además de los dos años, pide para los tres acusados una multa de 360 euros para cada uno de ellos y la prohibición de no acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante dos años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal les pide una indemnización de 450 por las lesiones y 3.000 euros por los daños morales.

Prosegur aprobará en junta el pago de un dividendo extraordinario de 0,1 euros el 12 de diciembre



 Prosegur ha convocado una junta general de accionistas para el próximo 2 de diciembre, en la que aprobará la distribución de un dividendo extraordinario de 0,100262 euros brutos por acción.
El pago del dividendo se hará efectivo el próximo 12 de diciembre, de acuerdo con el orden del día de la junta remitido por la compañía de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, la junta aprobará la autorización de la enajenación o aportación de acciones de su división de logística de valores y gestión de efectivo, PROSEGUR (PSG.MC)Cash, incluyendo mediante la realización de una oferta de venta o de suscripción de títulos en el marco de su potencial salida a Bolsa.
La compañía anunció a finales de septiembre que estaba estudiando la posible salida a Bolsa de Prosegur Cash durante el primer semestre de 2017, dependiendo de las condiciones del mercado y manteniendo en todo caso una participación mayoritaria en dicha filial.
La junta está convocada para el 2 de diciembre a las 11.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda en las oficinas de la compañía en Madrid.



jueves, 27 de octubre de 2016

Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada UCSP: Retirada de TIP a vigilante por comisión de delito flagrante

Consulta realizada por una Unidad Territorial de seguridad Privada, con motivo de la detención de un vigilante de seguridad, sorprendido de forma flagrante, cuando procedía al hurto de un artículo en la sección de una gran superficie comercial, con ocultación del mismo en una mochila de uso personal y previa anulación del dispositivo de alarma, se plantea la cuestión de la procedencia, o no, de la retirada de la TIP del vigilante, incurso en tal hecho delictivo.

CONSIDERACIONES
De toda la recopilación normativa plasmada en el informe de consulta, relativa a la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, en relación con la adopción de la medida cautelar de retirada de la TIP del vigilante, y a priori, descartada en el mismo, por su relación, con la no procedencia, en cuanto a la incoación de un procedimiento sancionador, por tratarse de un ilícito penal, ya que, como bien ha apuntado la Subdelegación del Gobierno interesada,los hechos no se incardinan en la LSP, y por tanto esa Subdelegación se considera incompetente.

Lo contrario, la apertura del correspondiente expediente sancionador, para poder adoptar, en el ámbito administrativo, la medida cautelar comentada, sería, cuando menos, inocuo, ya que la razón última de su inexistencia como infracción administrativa, la constituye el principio “non bis in idem”, que de modo técnico definió la STC 154/1990, señalando: “La garantía de no ser sometido a “bis in ídem” se configura como un derecho fundamental que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno del procedimiento”.

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de pronunciarse no solo en casos españoles sino también en otros para concluir que la actividad de las empresas de seguridad, y por tanto su personal, no está relacionada directa o específicamente con el ejercicio del poder público (TJUE 2001, 150). A la vista de lo anterior, para que procediese la tramitación del expediente sancionador, sería preciso observar si concurre distinto fundamento de derecho, ya que la identidad de sujeto y hechos tiene lugar y si hay una relación de supremacía especial que vincule a los vigilantes de seguridad con la Administración Pública.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 234/1991, con relación a la dualidad de bienes jurídicos protegidos ha matizado más, señalando: “Cosa bien distinta, y este es probablemente el sentido que se pretende dar a la afirmación que analizamos, es que no baste simplemente con la dualidad de normas para entender justificada la imposición de una doble sanción al mismo sujeto por los mismos hechos, pues si así fuera el principio “non bis in idem” no tendría más alcance que el que el legislador (o en su caso, el Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria) quisiera darle. Para que la dualidad de sanciones sea constitucionalmente admisible es necesario, además, que la normativa que la impone pueda justificarse porque contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido, que no es el mismo que aquel que la primera sanción intenta salvaguardar o, si se quiere, desde la perspectiva de una relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado”. Lo anterior enlaza necesariamente con el análisis, antes apuntado, de si la relación que vincula a los vigilantes de seguridad privada es, o no, una relación de sujeción especial.
 
La jurisprudencia ha admitido de modo especial, entre otras, la de los funcionarios públicos, la de los contratistas de la Administración y la de gestores de servicios públicos y, sin embargo, lo ha negado para actividades sujetas a autorización administrativa e intervenidas por la Administración, como en actividades económico-privadas o de la entidades de crédito (STC de 8 de junio de 2001 o STS de 19 de febrero de 1999). Lo anterior conduce a entender que a diferencia del supuesto de los funcionarios, la posibilidad de imposición de una doble sanción en vía administrativa y en vía penal por los mismos hechos y respecto al mismo sujeto carece de encaje en el caso de los vigilantes de seguridad.

 
CONCLUSIONES

A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que en ámbito del procedimiento administrativo, ni con carácter previo a éste, cabe instar la medida cautelar comentada, ya que estamos ante un hecho atípico en la LSP, aun cuando su autoría corresponde a un vigilante de seguridad, constituyendo únicamente un ilícito penal, por lo que, cualquier medida cautelar, deberá realizarse ante la autoridad judicial que conozca del asunto.

Los vigilantes que prestan servicios en Acerinox están de "brazos caídos"



Los vigilantes de la empresa SECOEX, que prestan sus servicios para Acerinos en el campo de Gibraltar,  se encuentran de brazos caídos, llegando haber en la entrada de la fabrica colas de camiones de hasta tres kilómetros.  
En días normales un Vigilante puede llegar a pasar por bascula hasta  4 o 5 camiones por minutos. En la actualidad este servicio se está viendo afectado y no por que el VS no realice su trabajo, la realidad es que estos días a pasado de trabajar con estrés y con nervios, a trabajar con tranquilidad pero sin dejar de realizar las mismas funciones.
Unas funciones fuera del ámbito de la seguridad privada, como es la del pesaje de camiones, documentaciones de personal, conducir la ambulancia en caso de emergencia  y alguna que otra mas, vienen siendo remuneradas por el cliente por medio de unos pluses que actualmente se han quedado congelado con el paso del tiempo.
La plantilla de VS vienen sufriendo una merma en sus nomina desde hace algún tiempo, con reducciones de servicios, sin revisiones del IPC en sus pluses extras y un sin fin de casualidades que ha llegado a causar este malestar en la totalidad de la plantilla.
En la actualidad se encuentran en negociaciones con Acerinox, para poder llegar a un acuerdo en una remuneración por esos trabajos extras que realizan los VS, mientras tanto seguirán realizando su trabajo de bascula sin estrés.


 
 

Cursos INTERNOS Prosegur Granada de noviembre 2.016.



UGT, CCOO y USO solicitan la constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal

    convenio colectivo

Siguiendo con lo establecido en el artículo 5 del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, los tres sindicatos con representación en la mesa negociadora y firmantes del último convenio, UGT CCOO y USO, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2016 han solicitado la constitución de la mesa negociadora para el próximo día 10 de noviembre de 2016.. 
Adjuntamos la solicitud:
solicitud-constitucion-mesa-negociadora

martes, 25 de octubre de 2016

Desafíos del sector de la Seguridad en el futuro

Las amenazas para la sociedad son cada vez más sofisticadas, a lo que se suma la proliferación constante de técnicas y métodos para llevarlas a cabo. Esto hace que el panorama sea cada vez más complejo e impone nuevos retos, en concreto, para los responsables de las áreas de seguridad de las organizaciones. Por ello, Seguritecnia ha realizado un cuestionario a varios responsables de seguridad sobre los desafíos del sector en el futuro.

 


Teniendo en cuenta este escenario, la publicación ha consultado a Andrés Martín Ludeña (director de Seguridad en Evo Banco), Juan Luis Repiso Sainz (Head of Security of Airbus Group Spain), Eugenio Díaz Maroto (director de Seguridad de Azkar), Benito Mínguez Tolsada (director de Seguridad de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete) y Eduard Zamora (director de Seguridad Corporativa del Grupo Banco Sabadell), con motivo de SICUR, para conocer su valoración en torno a los futuros retos a los que se tendrán que enfrentar las compañías en los próximos años.
Las cuestiones planteadas son las siguientes:
1. Desde su punto de vista como usuario, ¿cuáles serán los principales retos de la seguridad privada durante los próximos años?
2. ¿Qué tipo de servicios y tecnologías de seguridad privada necesitan los usuarios para combatir todas las amenazas a las que se enfrentan? 
3. ¿Cree que el mercado abarca hoy en día todas esas necesidades?



lunes, 24 de octubre de 2016

Cuadernos de Seguridad nº315




Malware. Cuál es su objetivo y cómo nos infecta



Hoy día es normal oír o leer noticias referidas a virus, troyanos, ransomware, etc. y demás variantes de malware, pero muchos de nosotros nos hacemos una pregunta, ¿quién desarrolla estos programas, porqué lo hacen y cómo se ponen en circulación?
Un malware es un programa informático cuya característica principal es que se ejecuta sin el conocimiento ni autorización del propietario o usuario del equipo infectado y realiza funciones en el sistema que son perjudiciales para el usuario y/o para el sistema.

Objetivo del malware.
Básicamente el malware se desarrolla principalmente con tres objetivos: robo de información, secuestro del equipo o de los datos del sistema, y “reclutamiento” para una red de bots. En el 98% de los casos, la infección del dispositivo conlleva un móvil económico.

Robo de información
En este aspecto nos referimos tanto al robo de información personal: usuarios y contraseñas de servicios online (correo electrónico, redes sociales, medios de pago, servicios bancarios etc.), historial de navegación, cookies, libretas de direcciones de correo electrónico, como al robo de propiedad intelectual y/o industrial como: proyectos, planos, documentación, ofertas para concursos, listados de clientes, de proveedores etc.
El beneficio económico en algunos casos es directo, ya que teniendo las credenciales bancarias, podrían en algunos casos, robar y transferir dinero a otras cuentas. En el caso de información profesional puede aportar un beneficio económico o estratégico.

Secuestro
Entre los malware más activos actualmente encontramos el ransomware que bloquea el acceso al equipo como ha hecho el “Virus de la Policía”, o cifra los ficheros de usuario del equipo. El “Virus de Correos” tiene esta funcionalidad o como últimamente lo está haciendo el “Virus de Endesa” donde la condición para volver a usar el dispositivo o acceder a los ficheros del equipo es pagar el “rescate”.

«Reclutamiento» para red de bots
Una red de bots o zombies, es un conjunto de equipos que se han infectado con un malware concreto y que están controlados por un ordenador que se llama centro de Comando y Control (C&C). Un zombi se usa junto a otros muchos ordenadores para multiplicar el efecto dañino de acciones como: atacar otros ordenadores (DDoS, Denegación de Servicio Distribuido), envío de correo masivo (servidores de spam), romper contraseñas, minería de Bitcoins, robo de Bitcoins, etc. Las redes de bots basan su capacidad de acción en la cantidad de equipos que tienen infectados, cuantos más equipos más potentes son. El beneficio económico de este tipo de “organización” se obtiene, entre otras maneras, directamente del alquiler de los servicios de la red de bots para realizar acciones maliciosas, como por ejemplo atacar una página web, enviar correo electrónico de forma masiva, robar datos, romper contraseñas, etc.

Tapar la webcam y otras medidas de seguridad que ya deberías estar tomando



El director del FBI ha repetido esta semana la importancia de una simple acción: tapar tu 'webcam' para que nadie pueda verte sin que tú lo sepas
James Comey, director del FBI, reconocía esta semana que él, como miles de personas más en todo el mundo (incluido Mark Zuckerberg), ha recurrido a una solución simple pero eficaz para evitar que hackeen la 'webcam' de su portátil: taparla con un trozo de cinta aislante. "Hay algunas cosas sensatas que todos deberíamos estar haciendo, y esta es una de ellas", decía Comey en una conferencia. "Entras en cualquier oficina gubernamental y todos tienen esa pequeña cámara sobre sus pantallas, todos con una pequeña cinta sobre ellas, para que gente no autorizada no pueda observarte. Creo que eso es algo bueno", argumentaba.
El de la cinta sobre la 'webcam' es un consejo que ya se ha convertido en cultura popular, pero para David Barroso, experto en seguridad informática, no es uno de los más importantes. "No cuesta nada y es verdad que puedes evitar que te vean, pero en la mayoría de los casos, aunque te viesen, ¿cómo de interesante sería para un hacker? La mayor parte del tiempo sería simplemente tu cara trabajando o viendo una película", bromea. 

Se busca a 10 fugitivos británicos escondidos en España



Reino Unido pide colaboración para localizar a sospechosos de narcotráfico, asesinato o agresión sexual
Jonathon Kelly, de 36 años y natural de Glasgow, está en busca y captura desde septiembre de 2013. Está condenado a más de 16 años de cárcel que acumula por agresión con lesiones graves, robo, apuñalamiento a un hombre con un machete y posesión de un objeto punzante en la cárcel. Existe una orden de prevención contra él por delitos sexuales y la Agencia Nacional Británica contra el Crimen (NCA) lo considera un sujeto “extremadamente violento” y “un riesgo” para la población. Se sospecha que está escondido en España.
Kelly está en la lista de los 10 fugitivos más buscados en territorio español por Reino Unido, cuyas autoridades han pedido este jueves la colaboración ciudadana para poder localizarlos. Además del escocés, en la nueva edición de la llamada Operación Captura, que cumple 10 años, hay un supuesto asesino, cuatro sospechosos de tráfico de drogas, dos implicados en casos de pederastia y un individuo vinculado a un fraude. A la única mujer del listado, Sarah Panitzke, de 42 años, se la relaciona con un grupo criminal especializado en fraude del IVA y se cree que ha blanqueado un billón de libras esterlinas. Se fugó en mayo de 2014 antes de que terminara el juicio contra ella y fue condenada en rebeldía.
La Operación Captura se ha presentado en Torremolinos, municipio de la Costa del Sol que puede convertirse en refugio de delincuentes, igual que el resto de zonas turísticas de la geografía española. En la provincia de Málaga se dio a conocer esta iniciativa por primera vez en 2006 y, desde entonces, la coordinación de las fuerzas de seguridad británicas y españolas, además de la colaboración ciudadana, ha permitido la detención de 76 de los 86 sujetos buscados. La efectividad es del 88%, porcentaje que se eleva hasta el 90% en el último ejercicio, ya que se ha localizado a nueve de los 10 individuos buscados desde 2015. Esta campaña la impulsa la organización sin ánimo de lucro Crimestoppers.
Los fugitivos, seguramente, han cambiado su identidad y se esconden entre las comunidades de residentes británicos en España. “A veces no hablan español y pueden tener el apoyo de amigos”, ha recordado Steve Reynold, director Internacional de la NCA. Ha lanzado un mensaje, tanto a los ciudadanos españoles como británicos, para pedir su colaboración: “Saben dónde viven, dónde van a comprar, qué bar frecuentan o si van a un gimnasio o a un club”. Ahora ya conocen su cara. Como ayuda, una camioneta con un monitor gigante que muestra los rostros de los 10 fugitivos recorrerá varios puntos turísticos de la geografía española para facilitar su localización. Puerto Banús (Marbella), Fuengirola, Torremolinos, Alicante, Benidorm y Barcelona están en la ruta.

DETENIDO UNO DE LOS FUGITIVOS BRITÁNICOS MÁS BUSCADO
La Policía Nacional ha detenido a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Reino Unido. El prófugo, que tiene 40 años y es de nacionalidad británica, había fijado su residencia en el municipio alicantino de Alfaz de Pi, lugar en el que ha sido identificado y arrestado, al pesar sobre él una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega).
Al reclamado se le solicita una pena de prisión de 10 años por parte de la justicia británica, en relación a varios delitos contra la Salud Pública.
En las últimas semanas, se ha arrestado también en Barcelona y Alicante a tres prófugos británicos, dos de ellos por abusos sexuales a niños. En la Costa del Sol, el pasado 8 de octubre se detuvo a un traficante huido desde hace 14 años y con una condena de 23 años de cárcel.
Este jueves se ha presentado en Torremolinos (Málaga) la nueva lista actualizada de los criminales más buscados por la justicia británica que podrían encontrarse en España, solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

Estos delincuentes se camuflan entre turistas y residentes de su misma nacionalidad. El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha recordado que más de 16 millones de turistas de esta nacional optaron por visitar nuestro país en 2015, cifra que previsiblemente aumentará este año. En su opinión, esta iniciativa que une los esfuerzos de la Agencia Nacional del Crimen y de la Policía y la Guardia Civil solo tiene virtudes. “Seguiremos desarrollando esta colaboración entre los dos países”, ha prometido. 
Entres los más buscados de 2016 hay dos sospechosos de pederastia: Stephen Carruthers, de 43 años, quien supuestamente ha cometido 18 delitos por posesión de fotografías obscenas de menores (en su ordenador se descubrieron 5.322 imágenes y algunas de ellas mostraban supuestos abusos sexuales entre adultos y menores); y Matthew Sammon, de 45 años y un tenue acento londinense, en busca y captura por la Metropolitan Police por poseer, igual que el anterior, fotografías obscenas de menores.
A Shane O’Brien (tiene una marca en la cara y un tatuaje en la espalda: Shannon 15-04-06) se le busca por supuesto asesinato y se ofrece una recompensa de 20.000 libras esterlinas a quien aporte pistas fiables sobre su paradero. Está acusado de haber matado a un hombre que estaba con su novia en un bar. Vinculados a grupos de narcotráfico están Jamie Acourt, de 40 años; Dominic McInally, considerado el cabecilla de una banda que contaba con embolsarse 1,25 millones de libras al mes con el tráfico de estupefacientes; Mark Quinn, de 52 años; y Simon McGuffie (tiene una peculiar cicatriz de cinco centímetros en la mejilla derecha).
El décimo fugitivo que intentan localizar en España las autoridades británicas es Marck Acklom, una especie de casanova que supuestamente engañó a una mujer, a quien le prometió matrimonio, para que le diera 850.000 libras. Acusado de fraude por falsa representación, se esfumó sin dejar rastro.
A quienes aporten pistas que ayuden a la investigación se les “garantiza el anonimato”, ha prometido el responsable de la organización Crimestoppers, Mark Hallas. Gracias a esta campaña, la población puede poner nombre, apellidos y apariencia física a quienes hasta ahora pasaban desapercibidos en España. Diego Pérez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, se ha dirigido a estos fugitivos: “Serán detenidos y puestos a disposición judicial se encuentren donde se encuentren”. Los números de teléfono a los que se puede llamar son 900555111 (España) y 0800555111 (Reino Unido). El contacto también se puede hacer a través de la web www.crimestoppers-uk.org.

Directiva comunitaria y contratación pública de servicios de seguridad privada



Firmado por Ángel Córdoba Díaz, Presidente de Aproser
Tras un largo proceso de debate público de cerca de un lustro, en los que tanto las Administraciones Públicas como los agentes sociales trabajaron muy intensamente en su respectivo papel, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo sobre Contratación Pública, supuso un muy importante pase adelante en la asunción de la importancia de los procesos de contratación pública, no solo desde su mera perspectiva cuantitativa sino, lo que es más importante, como elementos dinamizadores de la economía en general y del papel de los ciudadanos y los trabajadores en particular.
No en vano, esta norma, que actualiza la normativa que desde 2004 regía los contratos de las administraciones públicas, señala en su considerando 2 que resulta necesario revisar las normas de contratos del sector público para “permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”, y su Exposición de Motivos recoge igualmente en su considerando 37, la referencia específica a “una integración adecuada de los requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública”.
Más en concreto, en su parte dispositiva, tras un amplio debate entre las fuerzas representadas en el Parlamento Europea, el artículo 18, estableció no solo que “Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en ejecución de los contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión”, sino que extendió esta obligación de cumplimiento igualmente al Derecho nacional, los convenios colectivos” y otras disposiciones. Disposición novedosa en el ámbito legislativo comunitario. La referencia explícita a los Convenios Colectivos como elemento de consideración de la existencia de una baja temeraria y lo previsto en el artículo 70 en el sentido de que  las condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato “podrán incluir consideraciones económicas o relativas a la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social o relativas al empleo” se configuran como pasos adicionales relevantes en la plasmación práctica de este principio apuntado en el artículo 18. Pasos adicionales que, en cierto sentido, ya había anticipado la Ley de Seguridad Privada 5/2015, en particular en sus Disposiciones Adicionales.
A nivel nacional, el anteproyecto de la nueva ley de contratos del sector público, intento de trasposición de esta normativa europea al derecho interno introduce, como no podía ser de otra forma, nuevas consideraciones en la contratación pública, de manera que los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación”.
Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado, debido a los largos meses en que el actual ejecutivo ha estado en funciones, la falta de adaptación de nuestra legislación a la normativa comunitaria no debería impedir el cumplimiento de los principios esenciales de la misma, en aplicación del efecto directivo vertical de las Directivas comunitarias de acuerdo con los criterios doctrinales vigentes, más aún teniendo en cuenta que a partir del pasado 18 de abril debería haberse realizado la interpretación del derecho nacional vigente de conformidad con la Directiva citada. Por otra parte, existen múltiples ejemplos tanto a nivel local como de comunidades autónomas que han aprobado normas, protocolos o instrucciones para la incorporación de dichos criterios en la contratación pública.
Sin embargo, la utilización exclusiva del criterio económico en la adjudicación de los contratos públicos, cuya exclusión ampara la Directiva de existir una voluntad por parte del Estado miembro que la incorpora al derecho nacional, sigue provocando problemas en la calidad de la prestación de servicios, así como situaciones de desprotección de los trabajadores de las empresas contratadas.
Sin carácter excluyente de otros posibles ámbitos en los que el anteproyecto de ley pudiera acoger una contratación pública socialmente responsable e innovadora, que esperamos puedan ser incorporados en el trámite parlamentario del que en su momento constituirá el proyecto de ley, consideramos necesario abordar algunas materias que merecen un urgente tratamiento, que no pueden ni deben esperar a este nuevo marco normativo:
Poner el acento en la relación calidad-precio y no meramente en el precio que las actuales normas de contratación claramente amparan. Lo que implica la inclusión de criterios cualitativos objetivables y medibles, relacionados con la valoración de aspectos tales como la calidad o la innovación, y estableciendo rigurosos sistemas de homologación de proveedores y umbrales técnicos con carácter de mínimos y excluyentes, y fórmulas de valoración del factor precio que no hagan irrelevante el esfuerzo realizado para ofertar propuestas de máxima calidad en el servicio.
Exigir una justificación rigurosa de las bajas temerarias, y establecer fórmulas exigentes en la determinación de las ofertas anormalmente bajas, aspecto controvertido con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva que la interpretación conforme con este nuevo texto europeo ampara sin ambages.
Considerando la responsabilidad subsidiaria del contratista, velar por el cumplimiento de la normativa en materia laboral, fiscal y tributaria, y la correcta ejecución de los contratos, estableciendo un reglamento sancionador de los incumplimientos, los procedimientos necesarios para su control y la participación en el seguimiento de los agentes sociales (patronal y sindicatos), en la línea de lo que algunas administraciones públicas ya han integrado en sus pliegos de condiciones.
Aprobación de pliegos de condiciones tipo. Teniendo en cuenta las peculiaridades del sector económico, especialmente en los intensivos en mano de obra y, en su caso, las peculiaridades específicas del servicio a contratar. La originación y evaluación técnica en los pliegos de condiciones en concursos debería ser realizada / contar con el asesoramiento de expertos en la materia.
Apostar por la innovación (compra pública innovadora). Es esencial fomentar la innovación como palanca de tracción para el desarrollo de nuevos productos y servicios permitiendo al proveedor especializado aportar soluciones que maximicen el binomio calidad-precio.
Adicionalmente, hay que afrontar con urgencia otras materias directamente relacionadas, por ejemplo, las cargas administrativas.
La reducción de cargas administrativas innecesarias va vinculada a tres ejes: una mejor práctica legislativa que pondere los requerimientos a los ciudadanos y empresas en términos de pertinencia y eficacia, la modernización de la administración, que elimine redundancias y agilice los trámites, y la depuración de los procedimientos.
Las nuevas exigencias normativas nos abocan con urgencia a realizar reformas de calado en la forma de relacionarse con la administración.

Prestaciones por desempleo: Nivel contributivo: Prestación contributiva y Pago único




Prestaciones por desempleo: Subsidios por desempleo




domingo, 16 de octubre de 2016

Eulen Seguridad colabora en un documento sobre buenas prácticas en análisis forense de sistemas de automatización y control industrial



Recursos Humanos RRHH Press. Eulen Seguridad, empresa decana en el sector de seguridad perteneciente al Grupo Eulen, líder en España en la prestación de servicios generales a empresas, ha colaborado activamente en la elaboración del documento 'Buenas prácticas en el Análisis Forense de Sistemas de Automatización y Control Industrial', desarrollado por el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI).
Este documento tiene como objetivo proporcionar una guía de buenas prácticas para el análisis forense de la Informática Industrial, que sirva de ayuda a presentes y futuros peritos.
Según explican desde Eulen, aunque este análisis, informático o digital, cuenta en la actualidad con profesionales cualificados y reconocidos, hay que ser muy consciente de la evolución y extensión de la tecnología, que dificultan la tarea del "experto pericial", cuyos conocimientos no pueden abarcar la diversidad tecnológica actual. Por esta razón se deberían establecer especialidades en el análisis forense informático.
Esta guía ayudará a todo aquel profesional que necesite investigar evidencias en las tecnologías de operación de un entorno industrial, es decir, en los sistemas que automatizan y controlan los procesos físicos de una infraestructura industrial.
Eulen Seguridad está colaborando de modo activo con el CCI, al que, además, patrocina, aportando su visión y su experiencia en el campo de la Ciberseguridad Industrial y la Protección de Infraestructuras Críticas.
Esta colaboración se enmarca dentro del modelo de seguridad integral (Convergencia de la Seguridad) que la compañía lleva impulsando desde el año 2008.

Irache alerta sobre las limitaciones de las empresas de seguridad



La asociación recuerda que los responsables no pueden actuar de forma abusiva, arbitraria o discriminatoria.
La Asociación de Consumidores Irache ha explicado que los comercios "tienen derecho a usar servicios de seguridad" pero que estas prácticas nunca pueden ser abusivas, arbitrarias o discriminatorias.
En un comunicado, Irache ha aclarado que sólo un vigilante o director de seguridad puede solicitar el registro del bolso o de las pertenencias de un cliente, pero nunca lo puede hacer un cajero, un dependiente u otro empleado que no disponga de esta distinción.
Al respecto ha señalado que "los establecimientos que encomiendan funciones de seguridad a personas que carecen de habilitación necesaria para ello incurren en infracción administrativa".
De la misma manera, la asociación destaca que es "incorrecta" la exhibición en los comercios de un cartel que habilite a los cajeros a realizar estas funciones y advierte de que "la exigencia indiscriminada por parte de un establecimiento comercial de mostrar el contenido de un bolso a las cajeras es un hecho que incide por lesivo en la dignidad y en la privacidad de las personas". En estos casos, el consumidor puede rellenar una hoja de reclamaciones en el establecimiento para denunciar esta práctica.
Los vigilantes de seguridad, por otro lado, sí pueden solicitar que se les muestre el contenido de un bolso, mochila o cartera. En estos casos, si el consumidor se niega al registro o a exhibir su documentación se le puede impedir la entrada o expulsar del establecimiento.
Estos vigilantes pueden detener a una persona "sólo si ha cometido un delito" y deberán poner "inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas". En todo caso no podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considera como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

RAMSEE, el robot que podría sustituir a los clásicos vigilantes de seguridad



Incorpora un 'software' que permite realizar, de forma autónoma, las mismas actividades que se le asignarían a un humano. 
Podría acometer tareas de seguridad donde la presencia humana sería imposible, debido a condiciones ambientales, como un incendio o un escape de gas.
El campo de la robótica está evolucionando a pasos agigantados y una muestra de ello es el robot RAMSEE, un dispositivo con una interfaz humano-máquina diseñado para patrullar de forma autónoma, sin supervisión y ofreciendo datos, a tiempo real, sobre múltiples peligros como intrusos o incendios. 
El robot, fabricado por Hexagon SI y GAMMA 2 Robotics, incorpora un 'software' que le permite realizar, de forma autónoma, las mismas actividades que se le asignarían a un humano. Además, podría acometer tareas de seguridad donde la presencia humana sería imposible, debido a condiciones ambientales, como un incendio o un escape de gas. 
Los datos obtenidos tras el patrullaje serían integrados en una plataforma de seguridad, que a su vez, crearía un mapa del área donde reflejaría toda la información, a tiempo real, consiguiendo un análisis íntegro y completo de cualquier situación de peligro. 
El robot se presenta como una solución para algunos de los problemas que afectan a la industria de la seguridad, como es el elevado coste de instalar una red de cámaras o un equipo de seguridad. RAMSEE pretende ser una solución eficiente para patrullar y monitorizar instalaciones, responder a alarmas y analizar incidentes gracias a su sistema de vigilancia de vídeo móvil y a la monitorización continua de temperatura y humedad.

sábado, 15 de octubre de 2016

Los blindados guardan un pago extra del 10% en Prosegur



Hace un par de semanas que Prosegur comunicó que estudia sacar a bolsa su división de gestión de efectivo, Prosegur Cash. La nueva cotizada alcanzaría, según los cálculos de este periódico, una valoración cercana a la de la matriz si cotizase en línea con sus comparables (Loomis y Brinks), de unos 3.700 millones, dado que esta pata de negocio aporta más del 80% del ebit (beneficio antes de intereses e impuestos) del grupo.
De acuerdo con las estimaciones de Santander, la valoración de la empresa se iría aún más arriba, hasta los 4.000 millones de euros, ya que la entidad considera "probable" que la compañía "exija una prima respecto a los múltiplos a los que cotizan sus rivales" dado que ofrece márgenes más abultados, del 18%.
Cuando comunicó su interés en vender entre el 25 y el 40% de Prosegur Cash, el grupo ya advirtió que el dinero captado le permitiría "eventualmente, remunerar a los accionistas de Prosegur". Tanto Santander como JB Capital Markets ven probable que, tras la venta, la compañía reparta un dividendo extraordinario. Un pago que, de acuerdo con los cálculos de JB Capital Markets, ofrecería una rentabilidad de entre el 5 y el 10%. Ello implicaría que, a precios actuales, el grupo de servicios de seguridad repartiría entre 0,32 y 0,64 euros por título, lo que supondría destinar entre 197 y 395 millones de euros a retribuir.
Como referencia, la más baja de esas cifras equivale al 100 por cien del beneficio de Prosegur, estimado en 201 millones para este año.
La rentabilidad por dividendo de Prosegur de cara a 2016 es del 1,8%, según las estimaciones del consenso que recoge FactSet. Su próxima entrega la realizará hoy mismo, cuando repartirá 0,027 euros, que rentan un tímido 0,4%. Prosegur suele ofrecer cuatro pagos cada año.
Los títulos de Prosegur se disparan un 8% desde el anuncio de la operación, mientras que en el mismo periodo el Ibex cede cerca de un 1% en ese periodo. Ayer, CaixaBank mejoró su recomendación sobre el grupo de seguridad hasta comprar y subió su precio objetivo a 7,40 euros, lo que confiere a sus acciones un potencial del 15%. 
El grupo busca crear valor
Si Prosegur Cash -cuya salida a bolsa se produciría en la primera mitad de 2017- alcanzase unos 3.600 millones de euros en capitalización, cotizaría con un tamaño similar a los de Mediaset, Cellnex o Acciona (además del de la propia Prosegur).
Al sacar a bolsa su vaca lechera -la división que más aporta al ebit del conglomerado, que además genera el 44% de los ingresos-, Prosegur persigue, fundamentalmente, dos objetivos.
Por un lado, poner en valor la compañía, al sacar al mercado su negocio más relevante, y poner fin a la actual infraponderación que, desde el punto de vista del grupo, éste sufre. "Una salida a cotización de esta filial permitiría poner de manifiesto su valor real de mercado", explicó Prosegur en una nota.
Crecer a través de compras
El otro gran objetivo es hacer crecer al conglomerado a través de adquisiciones. El 50% del mercado global de la gestión de efectivo está liderado sólo por cinco grupos, capitaneados por Brinks (la primera por facturación), la propia Prosegur y Loomis. El 50% restante, explican fuentes del sector, está en manos de pequeños grupos locales, y Prosegur aspira a liderar la consolidación sectorial. La compañía ha realizado unas 200 compras desde que nació.
Más allá del área de Cash, el negocio de Prosegur se sustenta también sobre sus otras dos divisiones, la de Alarmas (que ofrece sistemas de alerta para hogares y empresas) y la de Security (que presta servicios de vigilancia), que aportan el 13 y el 4%, respectivamente, del ebit, y a cuyo desarrollo también contribuiría lo captado en la oferta.

Grupo Sureste invierte 2 M€ en su nueva sede



El complejo dispondrá de 2.500 metros cuadrados y también albergará la sede de la Fundación Colucho
El consejero delegado de Grupo Sureste, Raúl Colucho, ha anunciado una inversión superior a los 2 millones de euros, que permitirá la ubicación de la sede central de este ‘holding’ de empresas en unas modernas instalaciones, ubicadas en el polígono industrial ‘La Polvorista’, de Molina de Segura. El complejo, que cuenta con un espacio de 2.500 metros cuadrados, albergará a su vez la sede de la Fundación Colucho, a través de la cual este Grupo, uno de los principales del sector de seguridad privada en España y en el que trabaja una plantilla de más de 2.000 personas, destina anualmente el 3% de sus beneficios a proyectos sociales.
De hecho, la dinamización del empleo será una de las primeras actuaciones que la Fundación Colucho realizará en la localidad, según se ha acordado en un protocolo de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Molina, que ha sido firmado por la alcaldesa de la ciudad, Esther Clavero, y el  propio Raúl Colucho, en su calidad de presidente de la Fundación. 
A tal fin, la Fundación Colucho becará la realización de cursos de formación a desempleados que por su edad, por su pertenencia a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, o por ser parados de larga duración, pudieran precisarlo. Grupo Sureste se compromete además a incorporar a su bolsa de empleo a quienes superen con éxito esta formación. La previsión es que al menos 20 de estas personas puedan ser contratadas el primer año.

Inauguración en 2016
La nueva sede de Grupo Sureste dispondrá de una Central Receptora de Alarmas bunkerizada, dotada de la más alta tecnología y con capacidad para convertirse en la CRA más moderna y avanzada del Arco Mediterráneo. La Central estará conectada permanentemente a los dispositivos y sistemas de seguridad de miles de clientes en toda España.
Además, las nuevas instalaciones contarán con salón de actos, centro de formación, gimnasio, vestuarios, cafetería y salas de reunión multiconferencia para operar con las distintas delegaciones territoriales.
Las obras de adecuación ya se han iniciado, por lo que la previsión del Grupo es que la inauguración pueda realizarse antes de que finalice el año. Con anterioridad se irán instalando en este centro operativo las distintas empresas que forman parte del holding y que abarcan las áreas de formación y que abarcan las áreas de formación (Grupo Sureste Centro de Formación S.L.); sistemas de seguridad (Sureste Sistemas de Seguridad, S.A.); vigilantes (Sureste Seguridad S.L.); y la de servicios auxiliares (Sureste Facility Services, S.L.), además de albergar la sede de la Fundación Colucho.

jueves, 13 de octubre de 2016

Ojo con el timo de la llamada perdida: conoce los prefijos que nunca debes marcar

El timo de la llamada perdida suele usar estos prefijos: 


355 👉Albania 

225👉Costa de Marfil 

233  👉Ghana 

234  👉Nigeria


 No devuelvas la llamada



La Junta rescindirá sus contratos con empresas que no paguen las nóminas de sus empleados



Empresas social y medioambientalmente responsables.
Son las únicas que a partir de ahora podrán contratar con la Junta de Andalucía, tras la firma de un acuerdo entre el ejecutivo andaluz, los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), documento que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 25 de octubre.
El eje sobre el que pivotará dicho acuerdo es una guía que contempla, por un lado, medidas de obligado cumplimiento por parte de las entidades adjudicatarias de contratos públicos; y, por otro, recomendaciones que serán valoradas a la hora de puntuar a las empresas que se presenten a una adjudicación. En cuanto a las obligaciones, la más destacada es la que permite a la Junta rescindir “automáticamente” el contrato con una entidad que se retrase o no abone las nóminas a sus trabajadores durante, al menos, dos meses consecutivos.
En este sentido, el Gobierno autonómico podrá exigir a la adjudicataria tanto la factura mensual del pago de salarios como la certificación que acredite que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas, emitida por el representante legal de la entidad. Asimismo, la empresa deberá aportar un justificante de cumplimiento de todos los pagos con entidades subcontratadas o suministradoras de productos o servicios que hayan participado en el contrato público.


miércoles, 5 de octubre de 2016

La licitud de la grabación de trabajadores sin consentimiento depende de las concretas circunstancias del caso

Factores como la existencia de sospechas fundadas previas de un comportamiento irregular, el lugar y el periodo de tiempo de grabación, así como la finalidad con la que se instalan las cámaras determinarán si ha habido o no vulneración del derecho a la intimidad del empleado


El Tribunal Supremo, con motivo de un auto de aclaración en relación a la validez o ilicitud de la grabación con cámaras de la actuación irregular de un trabajador, realiza en su reciente sentencia del 21 de julio un repaso a las circunstancias que deben darse para que el acto sea considerado válido o no, ante las diferentes sentencias que han considerado este hecho lícito o ilícito.

La prueba video gráfica puede vulnerar el derecho fundamental a la intimidad y el de tratamiento de datos de carácter personal que recoge el art. 18.1º y 4º de la Constitución cuando esta se realiza sin consentimiento previo. 

El Tribunal Supremo diferencia entre el supuesto de la recurrente, donde la empresa, al sospechar que la trabajadora tenía un comportamiento desleal en la empresa –apropiándose dinero de la caja, etc.- decidió colocar unas cámaras enfocadas a la caja durante un corto periodo de tiempo con la finalidad de constatar los hechos, de otro supuesto en el que se consideró ilícita la grabación donde las cámaras estaban instaladas de manera permanente para evitar hurtos de clientes, sin que la empresa tuviese sospechas previas de actuaciones irregulares de sus empleados. En ambos casos la colocación de las cámaras se realizó sin consentimiento ni conocimiento de los empleados.

El alto tribunal recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional señala que cuando las cámaras se instalan ante las sospechas fundadas de irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones laborales del trabajador, la grabación de imágenes en el puesto de trabajo durante un periodo de tiempo reducido no vulnera el artículo 18.1 de la Constitución, por considerar que la medida es justificada, idónea para la finalidad pretendida, necesaria y equilibrada.

En cambio, cuando la instalación de las cámaras persigue una finalidad distinta, como por ejemplo la prevención de robos de los clientes y no se comunica su existencia a los trabajadores ni se pida su consentmiento, y no haya constancia de sospechas fundadas, pese a que las cámaras graben una actuación irregular no podrá ser utilizada como medio probatorio. Pues será ilegítima y vulneradora del art. 18 CE al no informar a los trabajadores de su instalación, así como por utilizarlo con una finalidad distinta a la que se instalaron.

El Supremo finaliza recordando que no existe una doctrina única sobre la licitud de la grabación por la empresa de comportamientos irregulares de sus trabajadores a través de cámaras instaladas sin el consentimiento y conocimiento de los mismos, por lo que su validez dependerá de las circunstancias concretas de cada supuesto

Primera sentencia que establece indemnización a favor de un interino al finalizar su contrato

La Sala de lo Social del TSJ Madrid ha dictado la primera sentencia posterior a la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14, de Diego Porras), por la que se declaraba contrario al Derecho de la Unión el hecho de que, según la legislación española, los trabajadores interinos no tengan derecho a una indemización al finalizar su contrato.
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de octubre de 2016 (sentencia número 613/2016-CB, ponente señora García Alarcón),estima parcialmente la demanda de la actora en el caso y le reconoce el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.
Se da la circunstancia de que fue precisamente el TSJ Madrid, resolviendo este mismo caso, el que elevó la cuestión prejudicial que dio lugar a esa declaración del TJUE.

Los argumentos de la sentencia

El Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia señala:
"TERCERO.- ... en el caso de la actora nos encontramos en un supuesto de temporalidad con "tempus" no acotado y de previsibilidad incierta hasta el extremo de que la duración del contrato se ha extendido a más de siete años, acaeciendo la extinción contractual en virtud de una causa objetiva -en el sentido de no reprochable al trabajador ni dependiente de la mera voluntad empresarial- con una estructura causal análoga a las que el artículo 52 del ETdenomina "causas objetivas", en cuanto a su través se evidencia la necesidad productiva de extinguir una relación laboral. En efecto no es solo que la causa extintiva sea ad initio temporalmente indeterminada, pues la incorporación de la trabajadora sustituida se ha producido al margen de su voluntad de regreso o del término de la vigencia de su cargo representativo, desde la perspectiva de las condiciones vigentes a la fecha del pacto contractual sino que ha tenido lugar en virtud del hecho, totalmente impredecible, de la entrada en vigor de una urgente reforma legislativa que cercenó drásticamente el número de liberados sindicales en el sector público, de modo que la extinción del contrato ha sido corolario de la previa amortización de un puesto de liberada sindical, evento indubitadamente sobrevenido; aunque debemos matizar el carácter, en cierto modo irrelevante de esta circunstancia a los efectos litigiosos, en cuanto de no haberse producido tal acontecimiento el contrato de la actora hubiera continuado en el tiempo hasta ocupar, potencialmente toda su vida laboral activa.
Nuestra ley al autonomizar ciertas causas objetivas como instrumentos de la contratación temporal aboca al pernicioso efecto de que trabajadores con idéntica antigüedad y que realizan similar trabajo son tratados de manera divergente cuando el contrato se extingue. La cuestión no estriba en la consideración de que las causas del artículo 52 precitado sean aplicables al contrato de interinidad --que lo son-- sino que la causa extintiva que se ha aplicado, conforme a la ley española, a la actora, negándole así cualquier derecho indemnizatorio, no le sería de aplicación si su contratación no fuera temporal, en cuyo caso tendría siempre, al menos, un derecho indemnizatorio de 20 días de salario por año trabajado si en la empresa se produjera la situación de exceso de trabajadores en relación con los puestos de trabajo reales desde la perspectiva de la productividad mercantil .
Así pues siendo la Directiva 1999/70 directamente aplicable tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencia de Pleno de 8-6-2016, nº 497/2016, rec. 207/2015 y habiendo efectuado el Tribunal Europeo la interpretación que se ha transcrito del precepto citado, hemos de estar a la misma y concluir que no se puede discriminar a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia del tipo de contrato suscrito y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva, siendo en este caso evidente la igualdad en los términos de comparación respecto de la trabajadora a la que ha venido sustituyendo y así lo ha apreciado el citado Tribunal que lo afirma en el apartado 44 de la sentencia, habida cuenta de que el puesto de trabajo es único y por tanto son idénticos la naturaleza del trabajo y los requisitos de formación y lo han de ser todas condiciones laborales y, entre ellas, la indemnización por cese, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que prohíbe cualquier discriminación y de la repetida cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, y conforme a la misma la actora tiene derecho a igual indemnización que tendría un trabajador fijo comparable por la extinción de su contrato por causas objetivas, esto es veinte días por año de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, porque la extinción, conforme se ha razonado en el anterior fundamento de derecho, es procedente, sin que pueda alterar esta calificación el hecho de que el demandado no hubiera puesto a disposición de la actora la indemnización que le corresponde, lo que es absolutamente excusable dados los términos de la norma nacional que el TJUE ha considerado se opone a la europea de aplicación.
Por tanto hemos de estar a lo que establece el artículo 123 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en su apartado 1:
"Si la sentencia estimase procedente la decisión del empresario, se declarará extinguido el contrato de trabajo, condenando al empresario, en su caso, a satisfacer al trabajador las diferencias que pudieran existir, tanto entre la indemnización que ya hubiese percibido y la que legalmente le corresponda, como las relativas a los salarios del período de preaviso, en los supuestos en que éste no se hubiera cumplido."
Siendo doctrina del Tribunal Supremo recogida en la sentencia de 7-2-2012, rec. 649/2011, que:
"El sistema legalmente establecido para la extinción contractual por causas objetivas --art. 53.1 ET-- impone tres requisitos para la validez formal de tales ceses (comunicación escrita; puesta a disposición de la indemnización; y concesión del plazo de preaviso de un mes o alternativo abono de los salarios correspondientes a dicho periodo), y la posible elusión legal de la simultánea puesta a disposición --con la comunicación extintiva-- de la indemnización y del importe correspondiente al preaviso no observado tiene la exclusiva finalidad de evitar el pronunciamiento de nulidad que en principio comportaría el incumplimiento de aquellos requisitos (art. 53.1.4 ET), hasta el punto de que la propia norma se cuida de disponer (inciso final del apartado segundo del art. 53.1.b) ET) que tal exención de simultánea puesta a disposición se entiende «sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél (el empresario) su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva»; mandato que ha de complementarse con el efectuado por el art. 53.5.a) ET, respecto de que cuando la autoridad judicial califique como procedente la extinción, «el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista..., consolidándola de haberla recibido», con lo que resulta razonable colegir que de no haberla percibido, la declaración de «consolidación» habrá de ser sustituida por la de condena a su abono. Y aunque en teoría pudieran suscitarse dudas --que en principio no compartimos, a la vista de la redacción del precepto-- respecto de si en todo caso procedería efectuar de oficio un pronunciamiento judicial sobre tal débito, lo que se presenta inequívocamente claro es que solicitado el mismo por el trabajador (es el supuesto de las decisiones contrastadas), la sentencia que declare la procedencia de la extinción por la concurrencia de causa legal, en todo caso ha de acoger la pretensión subsidiaria sobre condena al abono de los conceptos (indemnizatorio por el cese; y resarcitorio por el preaviso incumplido) todavía no satisfechos, puesto que legalmente procede, conforme se ha indicado, y con ella no se incurre en indebida acumulación de acciones, al tratarse de una consecuencia legalmente prevista para la procedencia del despido por causas objetivas."


procediendo fijar la indemnización que corresponde a la actora, sobre la base de una antigüedad desde el 17 de agosto de 2005, habiéndose extinguido la relación laboral el 30 de septiembre de 2012, (siete años y dos meses), a razón de 20 días por año suponen 143 días que multiplicados por el salario diario de 42.95 euros (mensual bruto, con prorrateo de pagas extraordinarias, de 1.306,26 euros) dan un total de 6.141,85 euros."

Resultado de imagen de noticias juridicas