martes, 31 de enero de 2017

VALIDEZ DE LAS TIP EN LAS QUE CONSTA EL DNI



El T.I.P.  (Tarjeta de Identificación Profesional), tiene una validez de 10 años desde la fecha de su expedición.

Desde el  10/05/2016 la Unidad Central de Seguridad Privada, está expidiendo los T.I.P., donde elimina el campo donde aparecía el DNI.

Para los que deseen  realizar dicho cambio sin esperar a que caduque su T.I.P. han de saber que es gratuito (salvo que este caducado o quede menos de una año) y que en este caso, la caducidad del nuevo T.I.P. tendrá la misma que la del que se tiene actualmente o lo que es mismo nadie nos quitara el tener que aportar un Certificado médico y demás documentos cada 10 años.


viernes, 27 de enero de 2017

El paro baja, gracias a la caída de la población activa

El paro ha bajado en el último trimestre de 2016 según los datos de la EPA, hasta situarse en 4.237.800 personas. Sin embargo, el descenso del paro es mayor que la creación de empleo, lo que pone de relieve que el descenso no se debe a que esas personas, 83.000, hayan encontrado trabajo, sino al descenso de la población activa, 102.000 personas. "Estamos ante un mal dato," - explica el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz - "la creación de empleo se ha desacelerado. crece menos que en los dos últimos años".

26/01/2017.
Ramón Górriz
Ramón Górriz

El paro baja en 83.000 personas en el 4º trimestre de 2016 según los datos de la Encuesta de Población Activa hechos públicos hoy (y 541.700 personas en el último año) y se sitúa en 4.237.800 personas. El descenso trimestral del paro en el cuarto trimestre de 2016 no se debe a que esas personas hayan encontrado trabajo, sino al descenso de la población activa, que ha disminuido en 102.000 personas, mientras que la población inactiva aumentaba con fuerza en el trimestre (+146.000 personas).

La EPA muestra que el descenso del paro es mayor que la creación de empleo, por lo que hay otros factores que explican la bajada del desempleo. Los últimos años, desde 2012, se caracterizan por una pérdida de población (envejecimiento, emigración) que se ha concentrado en la población activa (ocupados, parados) al tiempo que la población inactiva crecía ligeramente durante la crisis, impulsada inicialmente por el aumento de los desanimados y ya más recientemente por el resto de inactivos (población jubilada y otros).

En el cuarto trimestre el empleo neto que se ha creado es indefinido, por lo que mejora la tasa de temporalidad respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 26,5%, que no obstante es superior a la temporalidad del cuarto trimestre de 2015, debido a que durante el último año, el empleo temporal (227.000, +5,9%) ha crecido más que el empleo indefinido (170.000, +1,5%).

No obstante, se ha destruido empleo a tiempo completo (-155.300) y todo el que se ha creado ha sido a tiempo parcial (+135.900) elevando hasta el 15,3% el peso del tiempo parcial entre los ocupados. Solo el 8,3% de los ocupados a tiempo parcial tiene esta jornada por no querer trabajo a tiempo completo, mientras que el 60,5% de los ocupados a tiempo parcial tiene esta jornada por no haber podido encontrar trabajo a tiempo completo, lo que refleja la gran involuntariedad del trabajo a tiempo parcial en España.

El sector público sigue destruyendo empleo (-17.800 en el cuarto trimestre, -14.600 en el último año) y el aumento de ocupados se concentra en el sector privado (-1.600 en el cuarto trimestre, 428.500 en el último año).

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE CCOO

El aumento de la afiliación a la Seguridad Social se localiza de manera principal, aunque no exclusiva, en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios auxiliares) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En este sentido, CCOO advierte que no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de alto contenido tecnológico, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro.

CCOO considera que, ante este panorama, es necesario que el Gobierno lleve a cabo un giro hacia una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. Los servicios de alto valor añadido, los servicios a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro tienen que ser la base del nuevo modelo.

Asimismo, CCOO considera que hay que fortalecer la negociación colectiva para que los/as trabajadores/as participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad del empleo, lo que exige derogar las dos últimas reformas laborales.

También es necesario impulsar los salarios de los trabajadores públicos y privados - los incrementos salariales que se negocien para 2017 deben garantizar una mejora significativa del poder adquisitivo, con una subida salarial entre el 1,8% y el 3%, además de la mejora sostenida del SMI - mejorar la protección social y una verdadera reforma fiscal progresiva.

viernes, 20 de enero de 2017

Nota Informativa ERE Grupo Segur. 2ª reunión con el Administrador Concursal



Hoy hemos tenido la segunda reunión con la representación de la Administración Concursal, en la que se ha procedido a informar del proceso concursal en el que estamos inmersos las empresas del Grupo Segur.
La información facilitada se ha centrado inicialmente en las aclaraciones sobre el pago de los salarios pendientes del mes de Diciembre de 2016, que ya se han procedido a su abono, a excepción de aquellos trabajadores que se encuentren en situación de Incapacidad Laboral, que no lo han recibido, ya que la Administración Concursal no se hace cargo de esos sueldos.
Nos ha indicado que estos trabajadores que se encuentren en esa situación deberán solicitar el pago directo a la Mutua laboral, para que ésta se encargue de su abono. Igualmente se informa por la Administración Concursal que el plazo de reclamación de los créditos frente a los trabajadores finaliza el 11/2/2017, y nos han facilitado un modelo de escrito y de reclamación de cantidades.

(Modelos que se adjuntan como anexo a este escrito)

Para que se les de traslado a través del correo electrónico, facilitado:

Para SegurIbérica (acseguriberica@es.pwc.com)


Se ha solicitado una prórroga del plazo al Juzgado de lo Mercantil para ampliar la fecha límite del 11/2/2017, pero hasta la fecha, el Juzgado no se ha manifestado al respecto.
consejamos que el trabajador proceda a comunicar a la Administración Concursal, antes del 7/2/2017, lo adeudado, y la administración concursal deberá de comunicar personalmente, a los trabajadores con los que tengan créditos, para que, en ese plazo de cinco días, antes del 11/2/2017, los trabajadores den su conformidad o realicen las alegaciones oportunas documentándolo con los recibos de salarios, cuadrantes u otros documentos que los justifiquen.
Queremos aclarar que este cambio de criterio a la hora de hacer la reclamación de la deuda pendiente, respecto a la reunión mantenida el 11/1/2017, se ha decidido unilateralmente por la Administración Concursal.
Nos han indicado que al no estar publicado en el B.O.E., el concurso de Consorcio de Servicios, no se ha iniciado el plazo de 30 días para proceder a la reclamación de los créditos.
En relación al E.R.E., nos manifiestan que ya se ha procedido a su tramitación, entregando al Juzgado de lo Mercantil, el listado de trabajadores afectados, quedando pendiente del auto de admisión del Juzgado.
A partir de esa resolución, la Administración Concursal lo ejecutará, procediendo a comunicarlo al comité de empresa y, directamente, a los trabajadores afectados en el E.R.E. Se acuerda tener una tercera reunión informativa quedando pendiente de su señalamiento, a partir del auto de admisión y ejecución del E.R.E., por parte del Juez de lo Mercantil, reunión en la que esperamos tengamos más información sobre esta situación que nos ocupa, no teniendo más que añadir a lo expuesto anteriormente.

Descargas

jueves, 19 de enero de 2017

Retraso de la edad de jubilación

Adjuntamos nota informativa sobre el asunto de la edad de jubilación y los retrasos que está sufriendo la misma conforme pasan los años.

Esperamos que os sea de utilidad




 

martes, 17 de enero de 2017

CONCENTRACIÓN HOSPITAL REAL

No hay texto alternativo automático disponible.

Obligación formación anual 20 horas

Os recordamos la obligación que tenbemos de realizr la formación anual.

Adjuntamos informe de





la USCP sobre este tema

lunes, 16 de enero de 2017

Turnos de 12 horas, 7 dias a la semana hacen que los Vigilantes de la central de Cofrentes sufran cuadros de estrés y ansiedad

Turnos de 12 horas, 7 dias a la semana hacen que los Vigilantes de la central de Cofrentes sufran cuadros de estrés y ansiedad


Los sindicatos han denunciado ante la Inspección de Trabajo que los cerca de 60 vigilantes de seguridad privada de la central nuclear de Cofrentes, de la empresa Casesa, sufren presiones y hostigamiento por parte del jefe de vigilancia, empleado de la misma empresa.

Según se ha informado  a Efe y tal y como consta en la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, la plantilla de vigilantes, de la empresa Casesa, es “hostigada y exprimida en turnos de trabajo de 12 horas diarias sin descanso y 7 días seguidos, lo que ha provocado cuadros de estrés y ansiedad”.

“Desde que en el año 2011 una veintena de activistas de Greenpeace burlasen los controles de seguridad y accediesen a la central nuclear, sumado al estado de nivel de alerta 4 por atentado terrorista, hay una obsesión continua por las medidas de seguridad del recinto nuclear”, han señalado las mismas fuentes.

“Si bien es cierto -añaden- que las medidas de seguridad y la plantilla de vigilantes han aumentado, creemos que no lo suficiente”.

Se denuncia además que a los vigilantes se les impone de forma unilateral el disfrute de los periodos vacacionales y que el jefe de vigilancia, un ex guardia civil también empleado de Casesa, no respeta los descansos establecidos ni entrega la planificación de horarios a los vigilantes.

“Además, el cerca de centenar de horas en formación específica que han de completar todos los vigilantes de la plantilla a lo largo del año no son remuneradas por parte de la empresa y siempre coinciden con la finalización de los largos turnos de trabajo”, han indicado las mismas fuentes sindicales.

Estas actuaciones, según los sindicatos, cuentan con el “beneplácito del departamento de seguridad corporativa de Iberdrola”.

Al respecto, la empresa energética propietaria de la central ha explicado a Efe que las empresas que desarrollan trabajo en la central como contratistas cumplen con la legalidad.

Los sindicatos informan de que los hechos denunciados ante la Inspección de Trabajo serán comunicados también a la Brigada de Seguridad Privada de Valencia, adscrita a la Dirección General de la Policía, que es la que tiene las competencias asignadas desde el Ministerio del Interior para regular el sector de la seguridad privada, han informado las mismas fuentes.

Un vigilante de seguridad, lanzado a las vías del Metro por unos grafiteros



Ha sufrido la fractura de una pierna y tiene diversas contusiones
Un vigilante de seguridad que se encontraba de servicio en la línea 1 de la estación de Metro de Pinar de Chamartín fue lanzado a la vía por dos grafiteros cuando emprendían la huida por el andén junto a tres “artistas urbanos” más.
Los hechos se produjeron en la mañana de este sábado cuando el empleado de seguridad fue avisado de la presencia de grafiteros en el túnel, e intentaba evitar que éstos pintaran los vagones allí estacionados. A pesar de la rápida intervención de una patrulla de vigilantes que acudió en ayuda de su compañero, éstos no pudieron evitar la brutal agresión hacia el mismo, aunque sí lograron detener a uno de los agresores.
El detenido fue puesto a disposición policial por los agentes de seguridad privada, a la vez que se facilitó la identificación de dos testigos presenciales. Una unidad móvil del Samur atendió al compañero herido en la estación que, tras su trasladado al Hospital Ramón y Cajal, presenta fracturas de una pierna y contusiones varias.
Éste es el enésimo incidente de este tipo que se han producido en los últimos meses en las dependencias del suburbano madrileño. El modus operandi de los mal llamados “artistas callejeros” nada tiene que ver con un supuesto arte pictórico ligado al hip-hop y se acerca más a un proceder delictivo lejano al de una tribu urbana.
Según ha manifestado un trabajador de este sector, "actúan como grupos bien organizados, planifican sus ataques con importantes medios materiales y logísticos, y no evitan el enfrentamiento con los agentes de seguridad, y lo peor es que a los dos días de ser detenidos los vuelves a tener otra vez aquí”.
Vozpópuli ya se hacía eco de este problema el pasado día 7 de enero a raíz un ataque producido en la estación de Barajas, de la Línea 8, después de haber accionado el freno de emergencia.
Al coste económico que nos manifestaba la compañía entonces (borrar las pintadas le cuesta a la empresa un millón de euros) habría que añadirle el coste personal que esta última agresión deja entrever. Quizá sea necesaria una modificación legislativa que endurezca las sanciones sobre estos “artistas”, que permita ahorrar en ambos costes.

El Supremo avala que la empresa no entregue la nómina en papel



El Alto Tribunal defiende el derecho a entregar las nóminas en soporte informático
El Tribunal Supremo defiende el derecho de las empresas a entregar las nóminas en soporte informático y no en papel, ya que el cambio no supone “perjuicio ni molestia alguna” para el trabajador, “ni puede considerarse gravoso”, ya que para obtener una copia basta “con dar la orden de imprimir y esperar”.
La sentencia de la Sala de lo Social, con fecha 1 de diciembre de 2016, explica que se modifica la doctrina anterior, plasmada en una sentencia de diciembre de 2011, en la que defendía que lo previsto en la ley era entregar las nóminas en papel.
Pero, “a la vista del tiempo transcurrido” desde dicha sentencia, y la generalización de internet para todo tipo de comunicaciones de datos, documentos y tramites legales, ya que su uso es corriente también en la administración, no tiene sentido mantener esa reserva.
Con ello, el Supremo rechaza un recurso del sindicato USO de Asturias, que en 2013 denunció la decisión de Transportes Unidos de Asturias de entregar las nóminas por internet.
El sindicato entendía que la empresa no podía sustituir de forma unilateral una práctica “que de forma inveterada” se había venido siguiendo de entrega a los trabajadores de los recibos de salarios o nóminas directamente en papel.
Aunque el Supremo reconoce que en la Orden ministerial de diciembre de 1994 parece que se exige la entrega en papel, cuando señala que “el recibo de salarios será firmado por el trabajador”, lo cierto es que la misma norma aclara que “cuando el abono se realice mediante transferencia bancaria, el empresario entregará al trabajador el duplicado del recibo sin recabar su firma”.
Dicha firma “se entenderá sustituida por el comprobante del abono expedido por la entidad bancaria”, como ocurre en la mayoría de los casos, por lo que no es necesario que el trabajador firme el duplicado del recibo.
A través de internet, prosigue la sentencia, el trabajador puede acceder a su nómina y obtener una copia, que garantiza que se ha percibido el salario y que incluye todos los conceptos.

martes, 10 de enero de 2017

Un hombre propina una paliza a una vigilante de la Estación Intermodal de Palma



Nueva agresión a un vigilante de seguridad en Palma. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de una brutal agresión perpetrada contra Joana Molinas, una de las vigilantes de la Estación Intermodal de Palma.
Según la denuncia interpuesta ante el juzgado de guardia sobre las 12.30 horas del pasado sábado, un ciudadano dominicano de unos 30 años comenzó a insultar al personal de seguridad, conductor del autobús y a algunos pasajeros.
El citado sujeto intentó subirse de muy malas maneras al autobús, empujando a todo aquel que se le ponía por delante. En ese instante, la vigilante le solicitó que dejase pasar a la gente y él se negó bloqueando la puerta del autobús a la vez que se dirigía a ella.
El sospechoso logró introducirse en el autobús teniendo ella que actuar, junto a su compañero, para poder sacarlo. El joven dominicano se abalanzó sobre la vigilante y le giró el brazo derecho, provocándole una tendinitis en su hombro y cervicalgia aguda, además de policontusiones varias.
Sorprendentemente, a la llegada de la Policía Nacional, los agentes valoraron las lesiones como leves y no detuvieron al agresor.

Protesta de la vigilancia privada en el aeropuerto de Girona por no cobrar la nómina de noviembre



La empresa Segur Ibérica, en concurso de acreedores, debe 3.500 euros a cada uno de los sesenta trabajadores que se concentrarán el 8 de enero para denunciarlo.
Los vigilantes de seguridad privada y auxiliares del aeropuerto de Girona se concentrarán este 8 de enero delante de la terminal para denunciar el impago de salarios por parte de Segur Ibérica SA, en concurso de acreedores desde finales de noviembre pasado. Desde entonces, la sesentena de trabajadores han sido subrogados en la nueva empresa ICTS Hispania pero esta no se hace responsable del dinero que se les debe.
Les deben unos 3.500 euros a cada trabajador, entre la paga de noviembre y las liquidaciones pendientes –media paga de verano, la paga de navidad y la de beneficios en su parte proporcional.
 También hay una treintena de vigilantes de seguridad privada del Hospital Trueta y el Santa Caterina de Salt afectados, que también estaban contratados por Seguo Ibérica y que desde el 1 de enero de este mes han sido subrogados por Phoenix.
“Estamos desesperados porque no sabemos cuándo cobraremos lo que se nos debe, hay muchas familias con problemas económicos por culpa de estos atrasos”, se quejaba este miércoles Cristina Soalleiro, que es vigilante de seguridad privada en el aeropuerto de Girona.
 Ahora, sin embargo, aseguran que Aena ha hecho el pago a la empresa pero que el administrador concursal “lo ha parado todo” y no se sabe qué pasará ni cuando podrán cobrar el dinero que se les debe a cada trabajador, entre 3.000 y 3.500 por término medio por cada afectado.
Además, denuncian que la actual empresa por la que trabajan en el aeropuerto, ICTS Hispania, les hizo firmar un documento diciéndolos que era para poder hacer oficial la subrogación pero que en realidad lo eximía de pagar los posibles atrasos. Según Soalleiro, “cuando las empresas subrogan tienen tres años de responsabilidad solidaria con la empresa que se marcha pero ICTS Hispania nos hizo firmar un nuevo contrato que los deja libres de responsabilidad ante los pagos y conceptos insatisfechos para la anterior empresa”.
Ahora están estudiando qué validez legal tiene eso porque consideran que no se ajusta a la normativa vigente. En el aeropuerto de Girona hay una sesentena de trabajadores en esta situación. Son vigilantes de seguridad privada, encargados de examinar las maletas y el equipaje de los usuarios así como del centro de control, junto con auxiliares que comprueban los billetes de los pasajeros que embarcan.
Soalleiro lamenta que se tengan que encontrar en una situación así en un plena campaña de Nadal y con unos días donde hay mucha actividad en el aeropuerto.

La Inspección de Trabajo “aprieta” a las empresas por la duración de las jornadas laborales



La Inspección de Trabajo ha emitido recientemente una novedosa instrucción (la Instrucción 3/2016 sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias) que ha revolucionado el mundo de las empresas. Esta Instrucción anuncia una campaña de control del número de horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, poniendo especial énfasis en comprobar si las empresas disponen de un registro diario de jornada y si observan el derecho de información que asiste a los representantes de los trabajadores. Así las cosas, según anuncia la propia Instrucción, esta campaña afectará a más de 6.500 empresas.
Para entender el empeño de la Inspección de Trabajo en comprobar la existencia de registros diarios de jornada en las empresas, hay que partir de sendas sentencias de la Audiencia Nacional –dictadas el 4 de diciembre de 2015 y el 19 de febrero de 2016– que establecen que la existencia previa de un registro diario de la jornada es un presupuesto constitutivo para el control efectivo de la jornada de trabajo y los eventuales excesos en los que puedan incurrir los trabajadores, todo ello con independencia de que se realicen horas extraordinarias o no.
Dicho en otras palabras, ¿cómo se va a poder controlar la realización de horas extraordinarias si la empresa no tiene un sistema eficaz que registre las horas realizadas por sus trabajadores?
Pues bien, es aquí donde la Inspección de Trabajo va a prestar una mayor atención. La Inspección de Trabajo –siguiendo el criterio de la Audiencia Nacional– considera que el registro de la jornada debe ser diario e incluir específicamente la hora concreta de entrada y salida de cada uno de los trabajadores. Ello resulta especialmente relevante si tenemos en cuenta que, hasta la fecha, la mayoría de las empresas españolas carecen de un sistema de “fichaje” que controle efectivamente las jornadas realizadas por sus trabajadores.
En este sentido, deja claro que no admitirá, a efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito, que las empresas exhiban el horario general de aplicación ni, en general, ningún documento que no recoja claramente las horas efectivamente trabajadas por cada uno de los trabajadores.
Así pues, la pregunta obvia que ahora deberíamos hacernos es: ¿qué tipo de registro debe implantarse entonces en las empresas?
En principio, la Inspección de Trabajo deja plena libertad de actuación a las empresas para decidir el tipo de registro que deseen implantar. Sin embargo, sí matiza que el sistema de registro debe asegurar la fiabilidad y la invariabilidad de los datos reflejados. En este punto, es importante tener en mente cuál es el objetivo que busca la Inspección de Trabajo que no es otro que poder comprobar “in situ” si los trabajadores de la empresa inspeccionada realizan horas extraordinarias y, en su caso, si se están observando las obligaciones y límites legales.
De esta manera, en el caso de que la empresa sea objeto de inspección y carezca de estos sistemas, la Inspección de Trabajo podrá requerirle para que cumpla con dicha obligación e, incluso, sancionarle por la comisión de una falta grave.
No obstante, el riesgo para las empresas no se limita a ser sancionadas por estos incumplimientos meramente formales. De hecho, en estos casos, la Inspección de Trabajo se entrevistará en privado con empleados y los representantes de los trabajadores con el fin de comprobar si efectivamente en la empresa se están realizando horas extraordinarias o no. De esta forma, si a través de estas entrevistas la Inspección de Trabajo detecta otros incumplimientos susceptibles de ser sancionados (e.g. la falta de compensación de las horas extraordinarias o superar el límite máximo de 80 horas anuales), estas sanciones se sumarán a la ya mencionada sanción por falta de registro de la jornada.
Además, tal y como se establece en la Instrucción dictada por la Inspección de Trabajo, detectada la falta de registro diario de la jornada, antes de la finalización de la siguiente campaña, volverá a las instalaciones de la empresa inspeccionada con el objetivo de comprobar que esta ha adoptado ya las medidas necesarias para enmendar dicha situación y, en caso contrario, procederá a sancionar nuevamente.
Ante este panorama, resulta imprescindible que las empresas revisen cuanto antes (i) tanto su jornada de trabajo, comprobando si hacen realmente horas extraordinarias, como (ii) si tienen un sistema de registro de jornada. Lo que está claro es que ahora toda empresa deberá revisar si se encuentra adaptada y preparada para los nuevos criterios de la Inspección de Trabajo.

Multa por un fallo de seguridad en Primark



La Delegación propone una sanción de 5.200 a la empresa que vigila el edificio de Gran Vía
La Delegación de Gobierno de Madrid ha propuesto una sanción de 5.200 euros a la empresa Prosegur que se encarga de la seguridad en la firma de ropa Primark de la calle de la Gran Vía. La multa es producto de una inspección realizada por los agentes del departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional dependiente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.
La infracción se debe a que la compañía presuntamente ha infringido el artículo 57.2 de la Ley de Seguridad Privada al comprobarse que en dicho centro comercial se prestaba un «servicio de seguridad en condiciones distintas a las expresadas en el contrato comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». 
En concreto, se descubrió que trabajaban en la seguridad del edificio de Primark un total de 11 agentes y no los 31 que reflejaba el contrato firmado entre Prosegur y la multinacional textil, según la compañía de seguridad. «Se trata de una equivocación administrativa, de un error al no poner 11 en el documento pero no por problemas de seguridad y esperamos que se retire la sanción cuando se compruebe lo que ha pasado en el correspondiente recurso», advierten desde la compañía. Fuentes policiales señalaron que se realizaron diversas inspecciones a la compañía 
Prosegur a lo largo del año al detectarse posibles fallos en el servicio y numerosas denuncias por hurtos en el establecimiento de la calle de Gran Vía. El pasado 21 de septiembre de 2016 se abrió expediente sancionador dictándose la propuesta de resolución el 3 de noviembre del pasado año. Casi un mes después, el 9 de diciembre, se trasladó el expediente a la Delegación de Gobierno, que ha propuesto la multa de 5.200 euros que la compañía Prosegur ya ha recurrido.
Fuentes de Prosegur indicaron que no se ha producido ningún problema en el ámbito de la seguridad y que la colaboración con la Policía es constante y diaria. «Somos apoyo de la seguridad pública y los primeros en apoyar acciones en favor de la seguridad y en respaldar a la Fiscalía», añadieron desde la firma, que también asegura que son los propios vigilantes de Prosegur los que denuncian todas las incidencias que se producen en Primark para tratar de mejorar el servicio que prestan.

lunes, 9 de enero de 2017

La subida del salario mínimo, la ampliación del permiso de paternidad y otras medidas que entran en vigor con el 2017



A partir del 1 de enero de 2017, diferentes medidas de carácter social entrarán en vigor en el territorio nacional. Entre ellas destacan la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la mayor en tres décadas, o la ampliación del permiso de paternidad. Se las detallamos a continuación. 

Subida del salario mínimo
Una de las cuestiones de las que más se habló en los últimos meses de 2016 fue la de la subida del salario mínimo. Mientras que PP y PSOE pactaban la mayor subida en 30 años, desde los sindicatos tachaban la medida de "insuficiente". 
Finalmente, este primer día de enero el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube hasta los 707,7 euros mensuales, lo que supone un incremento del 8%. Así, el SMI queda fijado en 23,59 euros diarios y 9.907,8 euros al año. 
Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, el salario mínimo queda fijado en 33,51 euros por jornada.
Por su parte, para los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el SMI queda fijado en 5,54 euros por hora trabajada.

Ampliación del permiso de paternidad
En lo que se refiere al permiso de paternidad, éste se ampliará de dos a cuatro semanas por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento familiar, seis años después de su aprobación por ley. Una decisión que se enmarca dentro de las disposiciones acordadas por el Gobierno para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal.
La iniciativa fue expuesta por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ante la Comisión de Empleo del Parlamento el pasado 12 de diciembre, junto a otras medidas que prepara el Gobierno para fomentar la conciliación, como el fin de la jornada laboral a las 18.00 horas.
La ejecución de la ampliación del permiso de paternidad se ha ido aplazando, año a año, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado desde que en 2009 saliera adelante la ley que aumentaba a cuatro semanas el permiso de paternidad a partir del 1 de enero de 2011.
Pese a todo, desde la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) consideran esta reforma "insuficiente y mal diseñada" y señalan una "inaceptable desigualdad" con respecto al permiso de maternidad, de dieciséis semanas de duración. 

Subida de las pensiones
Las pensiones registrarán un incremento del 0,25% desde este 1 de enero, el mínimo legal contemplado en la última reforma de las pensiones del Gobierno. Con esta nueva subida, son ya cuatro años consecutivos en que el Ejecutivo eleva las pensiones el mínimo recogido en la ley.
Las previsiones de la Seguridad Social son que el incremento afectará a 9.476.780 pensiones contributivas, 455.229 pensiones no contributivas y 191.240 prestaciones familiares.
De las 9.476.780 pensiones contributivas que se revalorizarán, seis de cada diez son de jubilación.
El coste total de la revalorización para 2017 alcanza los 288,23 millones de euros y el límite máximo de pensiones públicas se fija a partir del 1 de enero de 2017 en 2.573,70 euros por mes (el pasado año era de 2.567,28).
En cuanto a las correspondientes a clases pasivas, son 625.332 pensiones con un coste total de revalorización que alcanza los 33,81 millones de euros.

Convocatorias de pruebas de selección de 2017 para vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, y escolta privado




El Supremo permite que cualquier sindicato denuncie la vigencia de un convenio cuando caduca



El Alto Tribunal constata que limitar esta posibilidad a las centrales mayoritarias o a las que han firmado un convenio podría chocar con la “libertad sindical”.
El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia con consecuencias para la negociación colectiva y la representación sindical. Cualquier sindicato que tenga representación puede denunciar la vigencia de un convenio (señalar que se acerca su fin para que se pongan en marcha las negociaciones), independientemente de que sea o no mayoritario o de que firmara ese convenio.
La sentencia se refiere al convenio del sector del Contact Center (telemarketing), cuya vigencia denunció CGT, que solo contó con uno de los quince representantes que lo negociaron. A finales de 2014, CGT denunció ante el Ministerio de Empleo que ese estaba próximo a caducar. La central se lo comunicó también a la patronal y a los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, firmantes del convenio.
“Es algo que hemos hecho siempre. Como no estamos de acuerdo, lo denunciamos en cuanto podemos para cambiarlo. Además, una vez denunciado el convenio es cuando puedes hacer otras cosas, como convocar una huelga”, explica el coordinador estatal de Contact Center de CGT, Santiago Alonso.
Empleo desestimó su petición alegando que CGT no tenía “representación plena” para negociar el convenio.
La mesa de negociación contaba con 6 miembros de CCOO, 5 de UGT, 1 de CGT, 1 de CIG, 1 de ELA y 1 de LAB. Asimismo, CGT tenía 315 representantes sindicales de los 2.119 que existían en el sector. Para el Ministerio, que la central contara con representación y que hubiera participado en las anteriores negociaciones no era suficiente y basó su argumentación en el Estatuto de los Trabajadores y en una sentencia que el Supremo dictó en 1997.
Aseguraba que aceptar la denuncia de una parte que carece de capacidad de negociación plena (dada su representación minoritaria) supondría poner en marcha “un mecanismo complejo” que abriría la negociación y que podría hacer que el convenio dejara de tener efecto, aun cuando la mayoría sindical deseara que siguiera vigente. Es decir, que una parte poco representativa podría desencadenar consecuencias indeseadas para la mayoría.
El Supremo desestima esta idea y da la razón a CGT. Separa, eso sí, dos conceptos: la posibilidad de denunciar un convenio (señalar su caducidad) y la capacidad de instar a negociarlo. Para lo primero, dice, no es imprescindible tener una representatividad plena, que sí hace falta para renegociar el convenio y marcar la agenda. “La CGT no pone en marcha un procedimiento para renegociar el convenio a la vez que lo denuncia, sino que se limita a lo segundo. No hay una proposición para deliberar sobre determinadas materias, sino una advertencia de que el convenio previo llega a su fin”, explica el Supremo. 
La sentencia invoca la libertad sindical: “Una interpretación restrictiva de las facultades legalmente reconocidas casa mal con el respeto a ese derecho fundamental. (…) Impedir a un sindicato legitimado para negociar que active la denuncia casa mal con el reconocimiento representativo que se le atribuye y con la defensa de los intereses de sus representados”. Denunciar la vigencia de un convenio es, prosigue, una manifestación de la actividad sindical que solo debe restringirse “si existe una justificación seria para ello”.
El Supremo considera que exigir a un sindicato que se coordine con otros para poder denunciar un convenio o bien reservar esta acción solo a los que tienen mayoría absoluta supone una restricción “solo admisible si está impuesta legalmente de una manera clara y si ello posee justificación”. “El pluralismo sindical queda indirectamente socavado si se impone una unidad de acción para un acto cuyos efectos no son directamente normativos y cuyo alcance puede venir condicionado por el convenio a que se refiere”.

CCOO denuncia impagos a los trabajadores de la empresa Segur Ibérica

CCOO ha denunciado este lunes el impago de salarios a los 70 trabajadores forman la plantilla de las contratas Segur Ibérica en Huelva, pertenecientes al Grupo Segur,  que se encuentran en un proceso de Administración Concursal y en un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afecta a toda la plantilla en el conjunto del Estado.  Esta empresa, expone el sindicato, presta servicio para Atlantic Copper, Fertiberia, Hotel Puerto Antilla y algunos centros de la administración pública.

El sindicato ha denunciado que “a todos los trabajadores se les adeuda la nomina de diciembre y algunos de ellos la nomina de noviembre, diciembre y la extra de navidad”. “Trabajadores que tienen un salario medio que apenas alcanza los 900 euros mensuales a pesar de la enorme responsabilidad que conlleva su puesto de trabajo y que llevan meses trabajando sin cobrar”, ha señalado. Ricardo García, responsable de acción sindical de la Federación de Construcción y servicios de CCOO Huelva, ha declarado que “el impago de los salarios ha dejado en una situación extrema a muchos de estos vigilantes, que han tenido que recurrir a sus familiares para subsistir con dinero prestado.” Asimismo, ha continuado el sindicalista, “hemos iniciado contactos con las empresas principales para solicitar su colaboración en este conflicto y nos consta que las empresas para las que presta servicio Segur Ibérica, sí han abonado el coste del servicio por lo tanto no entendemos porque el dinero no llega a los trabajadores”.
García ha manifestado que “el propio Convenio General de Empresas de Seguridad Privada, estipula que el salario debe de abonarse por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes por lo que este impago de nóminas es ilegal e incumple el convenio”. En este sentido, el sindicalista ha instado a la dirección de Segur Ibérica para que “pague el salario a toda la plantilla y ponga fin a este conflicto laboral”. En caso de no hacerlo, no se descarta el inicio de un calendario de movilización creciente, que en otros lugares de España han comenzado hoy, para defender los derechos de los trabajadores.


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