miércoles, 26 de abril de 2017

Circular: Reunión 26 de Abril de 2017.

Hoy ha tenido lugar reunión de la mesa de negociación del convenio de seguridad en la que la parte empresarial ha planteado una propuesta totalmente regresiva. Entendemos que dicha plataforma supone una brutal agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Consecuencia de dicha actitud la parte social nos hemos levantado de la mesa y exigido un cambio de posicionamiento por parte de la parte patronal.

La próxima reunión está convocada el 18 de Mayo de 2017. Reunión en la que trataremos de entregar plataforma conjunta (si es posible consensuarla con el resto de organizaciones sindicales).  CCOO de Construcción y Servicios seguirá exigiendo un convenio de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y de mejora decidida en sus derechos.















Estas empresas proponen una brutal agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, haciendo pagar a los vigilantes de seguridad su pésima gestión económica - reconocida por ellos mismos- y al auge de las empresas "pirata" con convenios propios, precisamente cuando son organizaciones como Comisiones Obreras los que están gastando ingentes cantidades de dinero en procesos judiciales contra esta "lacra" empresarial, mientras los directivos Prosegur, Securitas o Eulen no gastan un duro en respaldar estas impugnaciones y contemplan dichas acciones desde la comodidad de su sofá y solamente pendientes de los índices de emolumentos accionariales de las mismas.

Quieren eliminar la antigüedad, cargarse pluses como el de fin de semana, trasporte, radioscopia... eliminar mejoras sociales como los complementos de incapacidad temporal.... un convenio AFRICANO para los vigilantes de seguridad, pero con dividendos y salarios para los empresarios EUROPEOS.

¿ LO VAMOS A CONSENTIR ?

¿ NOS TOMAN POR TONTOS E IGNORANTES?

No olvidemos que los dueños de las principales empresas españolas de seguridad, son "fijos" en los índices nacionales y europeos de mayores fortunas multimillonarias.

Como consecuencia de dicha actitud, la parte social nos hemos levantado de la mesa y exigido un cambio de posicionamiento por parte de la parte patronal.

La próxima reunión está convocada el 18 de Mayo de 2017, reunión en la que trataremos de entregar plataforma conjunta (si es posible consensuarla con el resto de organizaciones sindicales). Comisiones Obreras seguirá exigiendo un convenio de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y de mejora decidida en sus derechos.

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Un saludo.

Los diez pasos del meticuloso plan de guerra para robar la sede de Prosegur en Ciudad del Este

La banda criminal estaba organizada y equipada con un poderoso arsenal militar. Pero además urdió una compleja estrategia de distracción para hacerse con el millonario botín de la empresa Prosegur



El frente de Prosegur en Ciudad del Este fue demolido con explosivos (ABC)

El frente de Prosegur en Ciudad del Este fue demolido con explosivos (ABC)

Organizada y bien equipada, la banda que atacó una sede de Prosegur en Ciudad del Este, Paraguay, parecía tener un plan meticuloso para llevar a cabo su espectacular robo.
Esta es, paso a paso, la cronología de los eventos según información de la Policía Nacional de Paraguay y del periódico ABC. El ataque comenzó a las 00:18 de lunes y duró unas cuatro horas.
1.  Vehículos incendiados irrumpen en los accesos a la Jefatura de la Policía Nacional en Ciudad del Este, mientras los delincuentes lanzan bombas molotov y "miguelitos" en los alrededores, en un ataque de distracción. Los rodados estaban llenos de municiones, que con el fuego estallaron creando la ilusión de un tiroteo aún mayor.
2.  Los delincuentes bloquean la Ruta Internacional N° VII, frente al acceso a la sede de Prosegur, con dos vehículos incendiados.
3.  Francotiradores comienzan a disparar a todo vehículo que se aproxime a la zona desde la Ruta Internacional, sean de la policía o particulares. Montan también ametralladoras anti aéreas en caso de una intervención de los helicópteros de la Policía de Brasil, que finalmente no sucede.
4.  El grupo de asalto llega hasta la sede de Prosegur a bordo de un vehículo de gran porte. Se bajan y asesinan al suboficial de la policía Sabino Ramón Benítez, quien se presume estaba dormido.

5.  Los atacantes reducen a los guardias de seguridad y utilizan explosivos para derrumbar la pared de concreto y hacerse paso hasta la primera bóveda, aunque no habrían logrado entrar a la segunda.
6.  Con el apoyo de tres o cuatro vehículos blindados, roban un monto millonario no confirmado pero reportado cercano a los 40 millones de dólares, poco antes de la 1:00 de la madrugada.7.  Tras el robo la banda cierra los puntos de acceso a Prosegur y repele con armas de guerra, miras infrarrojas y explosivos el avance de los agentes de policía, que sólo contaban con sus armas reglamentaLos delincuentes contaban con ametralladoras anti aéreas calibre .50
Los delincuentes contaban con ametralladoras anti aéreas calibre .50rias ya que no habían podido llegar a la Jefatura.
8.  A las 3:30 de la madrugada los más de 30 delincuentes suben a cinco camionetas y emprenden la huida hacia la ruta Itaipú, soltando más "miguelitos" para entorpecer la persecución y dividiéndose en tres grupos para despistar a las fuerzas de seguridad.
9.  La policía encuentra una camioneta abandonada, con armas antiaéreas, explosivos y rastros de sangre en su interior, en la zona de Hernandarias, al norte de Ciudad del Este.
10.  Las fuerzas de seguridad y el ejército de Paraguay inician un rastrillaje en búsqueda de los criminales que aún continúa, mientras que las escuelas en Ciudad del Este cierran ante la amenaza de explosivos sin detonar y "miguelitos".

lunes, 24 de abril de 2017

Atraco de película en Paraguay: 50 hombres roban millones de dólares en una oficina de Prosegur




Asalto en Ciudad del Este
Restos de un blindado frente al edificio derruido de la sede de Prosegur en Ciudad del Este.







Ciudad del Este, el principal centro del comercio en Paraguay, fue por una noche una zona de guerra. Y no es una metáfora. Un grupo comando de 50 hombres, armados con fusiles antiaéreos, dinamita, miras láser y equipos de visión nocturna atacó durante 3 horas la sede de la empresa Prosegur, mató a un custodio, derribó el edificio y accedió a la bóveda, que guardaba 40 millones de dólares. En su huida detonaron autos con explosivos a distancia. En medio del caos, las alarmas y los disparos de armas largas, la policía no atinó a dar con la pista de los delincuentes, que lograron huir hacia el norte a bordo de cinco camionetas artilladas. Las autoridades paraguayas sospechan de una banda brasileña, responsable de un ataque similar en Pernambuco, el 21 de febrero pasado. En esa oportunidad la víctima fue la empresa de caudales Brinks y el botín de 20 millones de dólares.
"Nunca ocurrió esto en la ciudad. Estamos como en Siria", dijo la fiscal a cargo de la investigación. “Usaron 5 autos para escapar. Hicieron explotar dinamita y escaparon hacia el puente que la une con la ciudad paraguaya de Hernandarias (ocho kilómetros al norte). Fueron unos 50 ladrones, usaron armamentos de guerra y dinamita”, contó. La policía se vio desbordada por la situación. El plan de los delincuentes fue calcado del utilizado en Pernambuco hace dos meses: un ataque por sorpresa, cerca de la medianoche y con un despliegue cuasi militar.



Tras derrumbar parte de la sede de Prosegur con dinamita, el grupo comando abrió la bóveda y huyó. Para cubrir la salida detonaron por remoto 16 autos con explosivos C4, de uso exclusivo militar y apto para derribar edificios, en distintos puntos de la ciudad. “Incluido un camión de gran porte que quedó en plena ruta internacional y ocasionó otro accidente debido a que motociclistas no pudieron divisarlo en la oscuridad y lo chocaron”, publicó la prensa local. "Los vídeos subidos a las redes por los vecinos mostraban una ciudad sitiada por disparos y explosiones, a oscuras y aterrada.
Ciudad del Este es el centro del comercio paraguayo. Ubicada en la llamada Triple Frontera, un punto caliente para el narcotráfico entre Paraguay, Argentina y Brasil, vive de los intercambios con los dos países vecinos. Bajos precios y mercadería, muchas veces, de origen dudoso han convertido a Ciudad del Este en un polo atractivo para los inversores. Está comunicada hacia el sur con la ciudad argentina de Puerto Iguazú y hacia el este con su par brasileña, Foz do Iguaçu.
La dimensión del ataque alertó al otro lado de la frontera paraguaya. A pedido de Asunción, la Policía Federal de Brasil desplegó patrullas por tierra y una embarcación armadas por el Río Paraná, para evitar que los ladrones escapasen por agua, además de dos helicópteros. El gobierno argentino, en tanto, anunció un refuerzo de la frontera y ofreció ayuda policial.






Una camioneta incendiada por el grupo comando durante su huida.

Una camioneta incendiada por el grupo comando durante su huida.


"Aproximadamente cuatro bombas se encontraron alrededor de Prosegur, estamos buscando más. Creo que cuando entremos tenemos que estar pendientes del arqueo de la gente de Prosegur, en uno o dos días tendremos el monto que se robó", dijo el comisario Richard Vera, jefe de Homicidios de la Policía de Ciudad del Este. Desde el ministerio de Interior admitieron que estaban al tanto de la inminencia de un gran robo, pero sin tener evidencias suficientes del lugar y la fecha.
La sede de Prosegur en Ciudad del Este estaba en la mira de las autoridades desde 2015, luego de que se descubriera un túnel debajo del edificio. “Encontraron un túnel que pasaba por debajo de Prosegur en forma de ele que iba a una casa. Dos años después lograron robar el local”, dijo Richard Vera, jefe de homicidios de Paraná. El oficial dijo que la banda estaba integrada por brasileños y paraguayos, pero se negó a confirmar si detrás del golpe comanda estaba el Primer Comando Capital (PCC), como especulaba ayer la prensa brasileña. El PCC nació en la década de los 90 como grupo de autoprotección de presos en las cárceles de Brasil y hoy es especialmente activo en la zona de Sao Paulo.


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miércoles, 19 de abril de 2017

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECCIÓN SINDICAL ESTATAL EN PROSEGUR.


El pasado día 18 de abril se ha celebrado en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid una nueva reunión de trabajo de los componentes de la Sección Sindical Estatal de CCOO en Prosegur.

En dicha reunión se han abordado temas de importancia y que inciden directamente sobre el funcionamiento de este Órgano, como es la aprobación de un Reglamento de Régimen Interno en el que se incluyen las normas que la regula, ademas de la necesidad de crear un hilo de comunicación con los afiliados y afiliadas o un plan de trabajo para lo que resta de año, asi como el nombramiento de la Comisión Permanente de esta Sección Sindical.

Los componentes de la Comisión Ejecutiva son:


Javier Torrejón Martín (Secretario General).
Agustín Sierra Palomino (Acción Sindical).
Juan José Robles Torres (Formación).
Emiliano Pérez Corral ( Organización y Elecciones Sindicales).
María Ángeles Álvarez Álvarez (Igualdad y Salud Laboral).
Fernando Torres Maceda (Comunicación)
Juan López Mañez (Afiliación).
Javier Morales López (Vocal).
Emilio Almena Barquero (Vocal).
Vicente Martín Sanz (Vocal).
Francisco Javier Ramón Serrano (Vocal).
Encarna Ruiz Almendros (Vocal).
Miguel Herrera López (Vocal).


Los componentes de la Comisión Permanente son:


Javier Torrejón Martín.
Agustín Sierra Palomino.
Juan José Robles Torres.
Emiliano Pérez Corral.
María Ángeles Álvarez Álvarez.
Fernando Torres Maceda.
Juan López Mañez.



En dicha reunión ha estado presente José Valenzuela, Miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Construcción y Servicios.


La imagen puede contener: una persona, sentada, mesa e interior

martes, 18 de abril de 2017

Huelga de vigilantes de seguridad en centros comerciales de BCN



Protestan por el Expediente de Regulación de Empleo de Segur Ibérica y convocan movilizaciones sobre todo en días festivos
La que fue la empresa del exministro de Defensa Pedro Morenés sigue proporcionando dolores de cabeza a sus trabajadores --algunos, ahora, extrabajadores--.
Segur Ibérica, compañía de vigilantes de seguridad privados, se encuentra en concurso de acreedores y ha sometido a sus empleados a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

MESES SIN COBRAR
Los trabajadores de algunas ciudades como Barcelona han decidido plantarse ante la situación en la que se ven inmersos. “A mí me ha avisado la Seguridad Social de que estoy en la calle” explica a Crónica Global Fran Avellaneda, portavoz del Sindicato.
Sostiene que muchos de los empleados de la compañía llevan entre cuatro y cinco meses sin cobrar y a otros, que se han quedado en paro, todavía les deben algunas nóminas.
“Es todo muy opaco, aquí detrás hay algo gordo” expresa Avellaneda. “Estamos hablando de una empresa que en los últimos cinco años ha recibido un total de 80 millones de euros en concesiones públicas. ¿Dónde está ese dinero?”, espeta.

HUELGA INDEFINIDA
Como protesta, los trabajadores y extrabajadores de Segur Ibérica están preparando movilizaciones y piquetes informativos que van a llevar a cabo en los próximos días en los centros comerciales de la capital catalana.
Empezarán por La Maquinista, la zona de ocio y compras del distrito barcelonés de Sant Andreu, donde han echado a 30 trabajadores, todos auxiliares de seguridad de la compañía.
“Vamos a hacer una huelga indefinida y, sobre todo, cuando haya más afluencia de gente”, amenaza.


viernes, 14 de abril de 2017

Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'

fraude a la seguridad social y a hacienda


La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública

Foto: Una empresa de seguridad está investigada por pagar en negro horas extra y otros conceptos no salariales. (EFE)
Una empresa de seguridad está investigada por pagar en negro horas extra y otros conceptos no salariales. (EFE)


El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".
El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.

Entre 60 y hasta 500 euros

Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.

La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".
Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.
"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.

El sindicato resalta en su denuncia que las horas extraordinarias que habitualmente echan los más de 600 empleados de esta sociedad y que esta debería abonar como tales, sin embargo, no aparecen reflejadas de este modo, sino que la mercantil las abona "en sobre en metálico y en dinero B". En algunos casos, continúa, "se pagan como horas ordinarias", comportamientos que son de sobra conocidos por quienes integran la plantilla e incluso "por la administración pública competente" debido a las actas de infracción que ante esta se presentan.

Cuadrantes de servicio

Para demostrar sus acusaciones, además de las declaraciones de los dos empleados mencionados y las imágenes grabadas, el sindicato ha presentado los cuadrantes de servicio que vendrían a reflejar las horas trabajadas realmente por el personal y las mencionadas grabaciones. Según estas pruebas, argumenta el denunciante, Viriato estaría pagando en 'B' las horas extra en los citados sobres marrones, y los empleados a cambio estarían firmando un recibí sin copia para ellos desde 2009 hasta al menos el momento en que se presentó la demanda, que fue mayo de 2015.
La Policía, por su parte, tras escuchar una docena de declaraciones de empleados de la compañía, concluyó que eran ciertos los hechos denunciados, que la empresa defraudó a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública mediante el abono de horas ordinarias y extraordinarias fuera de nómina, que pagó dietas, kilometraje y otros conceptos no salariales del mismo modo y que para calcular el montante total desviado era necesario averiguar el volumen de la empresa en facturación o número de empleados, sus movimientos bancarios y la plantilla que ha sido contratada desde 2011, diligencias que actualmente se encuentran en trámite.

Añade además la Policía en sus informes que las destituciones de los dos empleados citados no habrían sido las únicas que tendrían que ver con la investigación. "Se puede llegar a la conclusión de que el despido de J. M. L. P. viene motivado por la entrega de las imágenes a la Policía, únicamente por dar obligado cumplimiento al mandamiento judicial" relativo a la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, resaltan los investigadores, que destacan también que, tras conocer que había una investigación abierta, la empresa puso dos profesionales más en el recinto para evitar el pago de horas extra. Esto último, a juicio de los agentes, "denota el conocimiento expreso por parte del dueño de la mercantil de que ha estado cometiendo defraudaciones" ocultando este concepto.
La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional deja la puerta abierta a que Viriato —que opera principalmente en la Comunidad Valenciana y Murcia— pueda haber incurrido también en un delito contra los derechos de los trabajadores "por las condiciones infrahumanas de trabajo" a las que fueron sometidos algunos trabajadores, como J. M. T., quien cobró 97 euros al mes por 350 horas de trabajo, o J. A. G., a quien la empresa habría forzado a firmar un documento en el que constaba que él se negaba a realizar un reconocimiento médico.



La alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, “es mas económico pagar seguridad privada, que las horas extra de la Policía Local”.



En contra de lo que pregonan los detractores de la seguridad privada en favor de la pública”.
La alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández ha comparecido hoy tras “la falta de agentes de la Policía Local en la procesión de ayer del Domingo de Ramos en Puertollano”, para explicar “que todo transcurrió con normalidad gracias al trabajo de Protección Civil, los cofrades y la seguridad privada, que se contrata”, ha puntualizado “con un dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos y que aun así, sale más económico que pagar las horas extraordinarias a los agentes de la Policía local”.
“6 agentes de la Policía Local de Puertollano debería haber habido ayer en el operativo especial con motivo del domingo en Ramos en la ciudad  y no hubo ninguno, tan solo un alto mando  del cuerpo que atendió el teléfono y participó en la organización”, ha dicho Mayte Fernández, la alcaldesa de Puertollano que no obstante ha asegurado “todo transcurrió con normalidad gracias al trabajo de Protección Civil, de los cofrades y de 10 personas de seguridad privada”.
“Mi labor como alcaldesa es velar porque todo salga bien y así fue”, ha reiterado, “es nuestra responsabilidad y con ese valor trabajamos, responsabilidad que por cierto también conoce la Policía Local”.
La alcaldesa asegura “desconocer los motivos por los que seis agentes faltaron ayer a sus puestos de trabajo, pues aún no han pasado el parte de incidencias al organismo correspondiente, tienen tres días para hacerlo”, no obstante, ha dicho  “si se encuentran enfermos y dadas las fechas en las que estamos pues pediremos una oración para que se mejoren”, ha bromeado.
Mayte Fernández  también ha explicado que “durante todo el día de ayer el equipo de gobierno estuvo trabajando, coordinando el dispositivo” y ha pedido “ a los grupos de la oposición que igualmente arrimen el hombro, y que ayuden en vez de ser parte de problema”. 
Se refería así  al portavoz de Ciudadanos, Rafael López que en las redes sociales “acusaba al equipo de gobierno de no haber desbloqueado aun una situación que perjudica a Puertollano”.
“Mientras unos estábamos trabajando, otros estrenaban hato”, ha ironizado la alcaldesa.
Por otra parte, también ha reconocido “que se trata de una situación atípica la que se está dando en Puertollano y en consecuencia, actuará con todas las herramientas que la ley permita”.  
En Puertollano el cuerpo de Policía local lo forman 91 agentes. No es la primera vez que “no realizan servicios extraordinarios en la ciudad”. La noche de Reyes 31 agentes cursaron baja, 22 en Carnaval y 6 ayer, en la jornada del domingo de Ramos.
¿”se podría dar una situación así en la seguridad privada o en el ambito laboral privado en general”? Ah vale que los funcionarios no tienen ese problema
Fernández asegura que como jefa del cuerpo  y como alcaldesa“seguirá trabajando con responsabilidad por Puertollano y su gente”.

Los guardias civiles denuncian un “derroche” de 115 millones al privatizar la seguridad penitenciaria



La Asociación Unificada de Guardias Civiles propone a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado iniciativas para que no se renueve el contrato a las empresas adjudicatarias
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia hoy el “gasto innecesario” que supone la privatización de la seguridad penitencia e informa que “sumando todos los contratos sucesivos incluido el de 2017, desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 son ya más de 115 millones de euros de dinero público derrochados en beneficio de las empresas de seguridad privada, por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados”.
Explica esta asociación profesional del Instituto Armado que “la segunda fase del contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se desarrolló durante dos años, entre octubre de 2014 y septiembre de 2016, con un coste de más de 66 millones de euros, y en enero de 2017 ha empezado la tercera fase, aprobada por el Gobierno en pleno agosto y cuando se encontraba en funciones, con un coste superior a los 34 millones”.
Señala la AUGC que dado que “en ningún momento se había informado sobre el coste que han tenido los tres meses durante los que se prorrogó automáticamente el contrato de la segunda fase solicitó esa información a través del portal de transparencia, y el Ministerio del Interior ha contestado que durante octubre, noviembre y diciembre de 2016 la seguridad privada supuso un gasto adicional de 7.791.151 euros”. Por lo que calcula que desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 ya se han destinado de 115 millones de euros de dinero público a este proceso privatizador.
Informa AUGC que también ha preguntado por qué se han adjudicado a la empresa OMBUDS tres de los cuatro lotes que componen el nuevo contrato iniciado en enero de este año –27 de los 34 millones–, y dice que el Ministerio del Interior ha contestado que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”. Por lo que pregunta “a qué se debe el cambio de criterio del Gobierno”, ya que cuando se inició la segunda fase el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.
AUGC afirma en un comunicado que “es inaceptable que se prolongue una medida privatizadora cuyo único fin es el enriquecimiento de los propietarios de las empresas de seguridad privada, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con la jugosa cuantía del contrato”.
Recordando que “desde su inicio, este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad, sobre todo porque es absolutamente innecesario, ya que los vigilantes y los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”.
Por ello, esta asociación afirma estar trasladando a los grupos parlamentarios “su propuesta para que se adopten iniciativas en el Congreso y Senado orientadas a que el actual contrato no sea renovado cuando finalice” al considerar que “es responsabilidad de los representantes parlamentarios atajar la privatización de la seguridad pública que se ha iniciado por los centros penitenciarios, pero que sin duda se extenderá a otros ámbitos si no existe un firme rechazo social y político”.

Los trabajadores de Trablisa aseguran que la precariedad laboral hace peligrar la seguridad de Son Sant Joan



El Comité de Empresa de Trablisa en el Aeropuerto de Palma ha asegurado que Aena está recortando de forma «peligrosa» las licitaciones generando precariedad laboral y «pervirtiendo las normas de seguridad según su conveniencia con el único fin de hacer rentable el Aeropuerto».
En un comunicado, han señalado que el gestor aeroportuario está reduciendo la cuantía económica «licitación tras licitación», afectando «a la calidad del servicio, a la plantilla y fomentando la precariedad laboral entre los más de 350 vigilantes de seguridad que desarrollan su labor en temporada alta».
«Al ser una empresa de servicios, si la cuantía económica se recorta la única forma de que Trablisa mantenga sus beneficios es recortando Derechos Laborales consolidados», han manifestado.
En cuanto a las normas de seguridad, el Comité de Empresa ha manifestado su «disconformidad» en la aplicación de dichas normas, «siendo unas inflexibles en temporada baja pero que se convierten en flexibles en temporada alta».
«No entendemos, ni compartimos la flexibilidad de las normas de seguridad dependiendo única y exclusivamente de temas económicos», han detallado.
Además, han asegurado que la empresa «abusa» de las normas laborales «incumpliéndolas de formar repetida» e incluso «de los acuerdos firmados con el Comité, generando una gran frustración entre la plantilla».

Tres de los cuatro contratos de seguridad privada en cárceles se los lleva OMBUDS



EN TRES MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, SE PAGÓ CERCA DE 7,8 MILLONES
La Asociación Unificada de la Guardia Civil nos revela la suerte que tiene esta empresa, a la que el ministerio adjudica 27 de los 34 millones, de “un servicio innecesario".
Parece que vuelven a las mentiras, ante una verdad incómoda. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o alguien de su gabinete, dice que la adjudicación de tres de los cuatro contratos que se ha llevado la empresa OMDUDS, para dotar de seguridad privada a las cárceles, “se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.

El lote de Navidad
Para la Asociación Unificada de la Guardia civil (AUGC) es increíble este argumento, cuando el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.

115 millones
La AUGC, que hace un trabajo de transparencia continuada dentro de la Guardia Civil, denuncia alto y claro que “si se suman los contratos adjudicados a empresas privadas, desde octubre de 2014, este servicio duplicado e inútil nos ha costado 115 millones de euros”.
El servicio, barato, lo que se dice barato, no parece que sea; “solo en octubre, noviembre y diciembre de 2016, la factura ha sido de 7.791.151 euros”. Estos tres meses corresponden a la prórroga automática del contrato, hasta la adjudicación del de este año, cuya aprobación la hizo el Gobierno en funciones, en agosto, por importe de 34 millones. Y, a que no te imaginas quién se lleva 27 de estos 34? Sí: OMDUDS.

Maldita hemeroteca
Pero, cuándo y por qué el Gobierno decide contratar empresas privadas de seguridad para el perímetro de los centros penitenciario. Pues la hemeroteca más cercana nos dice, el 27 de julio de 2015, “el Gobierno niega que tenga previsto privatizar actividad alguna de seguridad pública, y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas ‘auxiliares’ o de ‘apoyo’".
Un año después, agosto de 2016, “el Consejo de Ministros autorizó destinar una partida de 58 millones de euros, para que el Ministerio del Interior contrate 203 agentes de seguridad privada para que presten servicio en 67 centros penitenciarios públicos”.
Y, en diciembre de 2016: “el Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de 64 cárceles, por 34,6 millones; un 3,6% más que el año anterior”.

Quienes son los de OMBUDS?
Qué intriga. Estamos todos deseando saber quiénes son los agraciados con tres de los cuatro contratos de este año, con un 3,6% de aumento ‘salarial’. Pues es una empresa de seguridad, vigilancia y protección. Más claro agua: “OMBUDS seguridad. División perteneciente al Grupo OMBUDS”. Con central en Madrid, tiene 14 delegaciones. A ojo de buen cubero, diría que el 98% de sus clientes son administraciones públicas: servicio público internacional, regional, universidades, sanidad, transporte público (claro); en fin, son líderes e innovadores.

Gastarme tu dinero, es fácil
Pues esta partida presupuestaria del Ministerio del Interior, de 115 millones, troceada en ‘lotes’ y meses, es, para la asociación de guardias civiles, “absolutamente innecesaria, ya que los vigilantes, los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”

martes, 4 de abril de 2017

Acta 3 Convenio Colectivo Seguridad Privada

Por fin se empieza con la negociación del convenio.


 Aquí está el acta número tres donde queda claro la representación de cada parte. Por otro lado, tenemos las primeras manifestaciones de las patronales del sector con lo que esperan de esta negociación.


En Granada tenemos la suerte de contar con nuestro compañero Juan José Robles sentado en esta negociación de convenio.






Próxima reunión para el 26 de abril.